El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una enmienda al proyecto de ley orgánica que modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU), con el fin de que las universidades estén autorizadas a realizar aportaciones para cubrir los gastos materiales, logísticos o de seguros vinculados al desarrollo de las prácticas, siempre que dichas aportaciones no se conviertan en condición para admitir al alumnado.
En la enmienda a esta norma impulsada por el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP incorpora la obligación de las universidades de “asegurar el acceso efectivo del estudiantado a las prácticas curriculares mediante la formalización de acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, que garanticen la idoneidad y calidad de la formación práctica”.
El texto precisa que, en ningún caso, el acceso o la realización de las prácticas curriculares podrá depender del abono de contraprestaciones o donaciones que supongan discriminación o limiten el acceso del estudiantado.
Aun así, los populares plantean que se puedan prever aportaciones para sufragar los costes materiales, logísticos o de aseguramiento ligados a las prácticas, siempre que no se conviertan en requisito para la aceptación del alumnado. Esta previsión quedaría excluida para las prácticas extracurriculares.
El Grupo Popular argumenta esta propuesta señalando que en muchos territorios “la escasez de empresas y entidades receptoras limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que, a menudo, requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias”.
Además, el PP ha registrado otra enmienda con la que busca derogar el real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades, mediante una disposición derogatoria única frente a la norma promovida por el PSOE.
En dicha enmienda, los populares sostienen que el Ejecutivo “se ha extralimitado” al regular este real decreto que, en su opinión, “precisa rango de ley”.
Asimismo, el PP considera que “se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen”.
Este real decreto ya ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo por distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura o La Rioja, así como por centros universitarios como CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
Propuesta del PSOE para vetar pagos de universidades a empresas por becarios
La iniciativa registrada por los socialistas en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, fija que las prácticas académicas externas del estudiantado universitario, cuando sean curriculares, no puedan implicar, en el momento de acordarse, ninguna transacción económica (ya sea en forma de precio o donación) entre el centro de origen y el centro de destino.
El objetivo es impedir que la mayor capacidad financiera de algunas instituciones de educación superior “pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario”.
La propuesta también pretende proteger un acceso en igualdad de condiciones de todo el estudiantado universitario al conjunto de oportunidades que suponen las prácticas académicas externas.
En el ámbito de la Formación Profesional ya existe un marco similar, dado que la regulación vigente establece que “no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”.
La proposición de ley del PSOE busca trasladar este esquema también a la universidad, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, tanto públicos como privados, puedan firmar los acuerdos que consideren oportunos con empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que garanticen el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a las prácticas académicas externas.
Todo ello, según recoge la proposición, sin que ese periodo pueda vincularse a contraprestación o donación por parte de la universidad, centro o estructura, ni de forma directa ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas, cuando las prácticas académicas externas sean curriculares, es decir, formen parte de las actividades académicas integradas en el Plan de Estudios correspondiente y, por tanto, constituyan una obligación en el itinerario formativo del estudiantado.
En atención al carácter formativo de las prácticas académicas externas, la iniciativa del PSOE establece que “de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo”.
Vox se opone a vetar pagos o donaciones de universidades
Ante esta ley, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado también una enmienda para suprimir del texto socialista la prohibición de vincular el periodo de prácticas académicas externas a contraprestación o donación por parte de la universidad, centro o estructura, ya sea de forma directa o mediante fundaciones u organizaciones relacionadas, cuando dichas prácticas académicas externas sean curriculares y formen parte de las actividades académicas integrantes del Plan de Estudios.
Según Vox, la finalidad de su enmienda es asegurar que las prácticas académicas externas “mantengan su naturaleza plenamente formativa, evitando la pretensión original de impedir la celebración de acuerdos de colaboración entre universidades y la empresa”.
En este sentido, Vox subraya que la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española y la libertad de empresa recogida en el artículo 38 “aconsejan una regulación proporcionada que permita compensaciones objetivas y transparentes”.