El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez un refuerzo del protocolo frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales que, según denuncia, sufren a diario las funcionarias de instituciones penitenciarias, incluyendo castigos específicos para el exhibicionismo y las solicitudes de mantener relaciones sexuales.
En el texto registrado para su debate en la Comisión de Interior, el grupo 'popular' detalla que las trabajadoras de las cárceles se enfrentan cotidianamente a conductas de exhibicionismo, comentarios y amenazas de carácter sexual, tocamientos, intimidaciones e incluso agresiones consumadas, y sostiene que los mecanismos actuales resultan insuficientes cuando el origen del acoso o la violencia es una persona interna.
El PP subraya que el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, vigente desde marzo de 2024, no contempla de forma específica la protección de las empleadas de prisiones frente a comportamientos de este tipo llevados a cabo por internos.
“Desprotección institucional” y protocolo específico
Esta carencia de un protocolo propio, advierte el partido, "proyecta un mensaje de desprotección institucional" que, a juicio de los 'populares', "favorece la infradenuncia y genera una doble victimización" de las funcionarias afectadas.
Los de Alberto Núñez Feijóo sostienen que la reacción de la Administración ante estas conductas es con frecuencia "tardía, insuficiente o inexistente", algo que consideran "una forma de violencia institucional incompatible con un Estado social y democrático de derecho".
Para el PP, las prisiones españolas no pueden convertirse en un entorno en el que las trabajadoras vean mermados sus derechos a la seguridad, la integridad y la igualdad. Por ello, urge a aprobar un protocolo específico frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales contra funcionarias de prisiones por parte de internos, que incorpore la perspectiva de género en la gestión de la seguridad penitenciaria y sitúe la protección de las mujeres como eje central de la actuación pública.
Prevención, protección inmediata y cambios legales
Asimismo, los 'populares' reclaman que ese protocolo no se limite a la gestión posterior de los incidentes, sino que incluya medidas de prevención y de detección temprana, y que los planes de prevención de agresiones, como el PEAFA, contemplen expresamente las agresiones sexuales y sexistas.
La iniciativa propone que se incorporen medidas de protección "inmediata" para la víctima, entre ellas la separación del agresor mediante su traslado o aislamiento; un régimen disciplinario que tipifique como sancionables las conductas sexistas y de violencia sexual contra trabajadoras penitenciarias; y recursos de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.
El PP plantea igualmente que en cada centro penitenciario se designe a una persona responsable de coordinar, hacer seguimiento y mantener la comunicación con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, cuando proceda, para garantizar una respuesta más ágil y eficaz.
Por último, la proposición insta a promover las reformas legales necesarias para que las agresiones sexuales contra funcionarias de prisiones se consideren una modalidad delictiva agravada y para que se tipifiquen como delitos determinados comportamientos de naturaleza sexual que en otros ámbitos de la vida social no tienen tal consideración, como el exhibicionismo o la solicitud de relaciones sexuales.