El PP ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria en el Congreso para exigir aclaraciones al Gobierno y, en particular, a la vicepresidenta María Jesús Montero, por la falta de datos y la “ausencia de transparencia” en torno al nuevo plan operativo de Correos, aprobado por ley en julio de 2025.
Durante la tramitación de la norma que modificaba el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Cámara Baja incorporó una enmienda considerada ‘intrusa’ con el contenido del Acuerdo Marco suscrito entre Correos, Hacienda, la SEPI, UGT y CCOO, cuyo texto vio la luz en el Boletín Oficial del Estado del 29 de julio del pasado año.
Ese pacto incluía la hoja de ruta para asegurar la viabilidad futura de la empresa, prolongando su condición de servicio postal universal hasta 2030 y otorgándole la gestión de servicios financieros básicos. De este modo, Correos podía encargarse de trámites administrativos para la ciudadanía o facilitar el abono de impuestos y sanciones, con el objetivo de corregir las pérdidas acumuladas por la compañía, especialmente durante la presidencia de Juan Manuel Serrano.
Seis meses sin información del Gobierno
Transcurrido medio año desde la aprobación del acuerdo marco, el PP sostiene que “no ha recibido información alguna” sobre su despliegue ni sobre aspectos como la fijación de nuevas tarifas que trasladan parte del coste del Servicio Postal Universal (SPU) a la ciudadanía, el diseño del modelo de contabilidad del SPU o la situación del contrato-programa que debe ordenar los Servicios de Interés Económico General y las obligaciones financieras del Estado con Correos.
Para el Grupo Popular, esta situación constituye una “deslealtad institucional inaceptable” y “una preocupante ausencia de transparencia” que, según remarca, también afecta a CCOO, sindicato mayoritario en la compañía pública.
Ante este escenario, el PP ha optado por redoblar la presión en el Parlamento con el fin de aclarar el grado de desarrollo del acuerdo marco y denunciar el “silencio” del Ejecutivo sobre un asunto que, a su juicio, pone “en riesgo la estabilidad de la empresa, el empleo y la calidad del servicio postal público”.
Dado que Correos forma parte del grupo SEPI y este depende orgánicamente de Hacienda, la formación que lidera Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia, además de la vicepresidenta Montero, del presidente de Correos, Pedro Saura, y de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
Interpelaciones y petición de documentación
Paralelamente, los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano han registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer, entre otros extremos, si Correos planea implantar sin negociación colectiva un nuevo modelo operativo de alcance estatal “al margen de los acuerdos firmados en 2024 y 2025”.
En esas iniciativas, recogidas por Europa Press, los parlamentarios populares también cuestionan la existencia de posibles recortes encubiertos en la empresa y reclaman detalles sobre los nuevos servicios financieros básicos que presta Correos desde el 29 de julio de 2025, fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo marco.
Finalmente, Delgado y De Olano han formalizado una solicitud para acceder al contrato-programa suscrito por Correos y aprobado mediante ley, con el propósito de fiscalizar sus compromisos y el alcance real de las obligaciones asumidas por el Estado.