El PP ha presentado en el Parlamento una iniciativa para impedir que medios propios del Gobierno, como Ineco, participen en las valoraciones técnicas de licitaciones del Plan de Recuperación cuando no exista una cobertura contractual expresa. Este movimiento llega después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera de dos denuncias en Adif por una posible alteración irregular de puntuaciones en informes de valoración de contratos.
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo recoge esta exigencia en una propuesta de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación a 31 de diciembre de 2024.
El organismo fiscalizador señalaba que el gestor de infraestructuras ferroviarias no había actuado con suficiente rigor al analizar dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en las que Ineco habría tenido un papel relevante.
Denuncias del Tribunal de Cuentas
En julio de 2022 se registró en Ineco una denuncia en la que se apuntaba que un empleado de Adif "supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones" de contratos financiados con fondos europeos. Dos meses después se produjo otra denuncia en Adif por una presunta "falsificación de puntuaciones en licitaciones".
Tras estas denuncias, Adif determinó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación", pero el Tribunal de Cuentas afeó al gestor ferroviario la falta de exhaustividad en la investigación interna.
En los últimos meses, Ineco también ha quedado señalada en las pesquisas de la trama Koldo por su intervención avalando contratos y por haber "fichado" a mujeres recomendadas por el entonces ministro José Luis Ábalos pese a no contar con la cualificación necesaria.
En este contexto, el PP ha registrado una batería de propuestas de resolución al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, a las que ha tenido acceso Europa Press y que deberán ser sometidas a votación en las Cortes.
Además del veto a la ingeniería pública, los 'populares' reclaman al Gobierno la puesta en marcha de verificaciones anuales obligatorias sobre posibles amenazas a la imparcialidad en las valoraciones técnicas, incorporando compromisos futuros en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses de personal interno y externo, incluidos medios propios como Ineco.
El paquete de medidas incluye también la aprobación de un plan antifraude específico frente a la colusión en las ofertas, reclasificando como altos determinados riesgos (selección de actuaciones, sobornos) y sometiendo a auditorías externas los contratos del Plan de Recuperación por importe superior a un millón de euros. Asimismo, se plantea modificar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que se cumplimenten de forma individualizada por cada expediente de contratación.
Propuestas de PSOE, Vox y Sumar
Paralelamente, el PSOE ha registrado sus propias propuestas de resolución al mismo informe, en las que insta a Adif y Adif-Alta Velocidad a llevar a cabo actuaciones destinadas a garantizar la prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios con funciones de gestión y gobernanza del Plan de Recuperación.
Los socialistas reclaman, además, que el operador ferroviario detalle con mayor precisión si se han identificado amenazas a la imparcialidad vinculadas a las tareas que desempeñan y a los procedimientos en los que participan las personas verificadas, así como que amplíe la información relativa a los compromisos de pago con sus empresas proveedoras.
Vox, por su parte, exige al Gobierno que Adif y Adif-Alta Velocidad impulsen medidas para asegurar la prevención y gestión de conflictos de interés en el personal de medios propios con funciones en la gestión del Plan de Recuperación, además de poner en marcha "sin dilación" un plan de acción que reduzca el riesgo de prácticas colusorias.
Finalmente, Sumar plantea que el operador ferroviario actualice, en la autoevaluación del riesgo de fraude, la valoración del riesgo neto y los resultados del plan de acción frente al riesgo de prácticas colusorias en las ofertas, con el objetivo de alcanzar un nivel de riesgo considerado aceptable.