La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado que se bloquee la intención del Gobierno de situar a una alto cargo del Ministerio de Hacienda al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), puesto que queda libre tras la salida de Cristina Herrero.
Herrero abandona la Presidencia de la AIReF después de seis años de mandato, etapa en la que ha impulsado diversos análisis de calado, entre ellos los relativos a las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Con su marcha, corresponde al Ministerio de Hacienda plantear un candidato para encabezar el organismo. Ante las informaciones que apuntan a que la vicepresidenta María Jesús Montero ha propuesto a Inés de Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Muñoz ha mostrado su rechazo, subrayando que la propia Herrero ya calificó de “inadmisible” pasar de la esfera política la presidencia de la AIReF.
“Hoy conocemos que el Gobierno busca que una alto cargo del Ministerio de Hacienda ocupe el puesto. Es fundamental que esto no ocurra para preservar la independencia”, ha señalado Muñoz en un mensaje difundido en la red social X.
Control de incompatibilidades y conflictos de interés
Paralelamente, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que insta al Ejecutivo a reforzar el régimen de incompatibilidades en la Administración General del Estado y a blindar la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses.
El grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo plantea revisar los procedimientos de verificación que aplica dicha Oficina para garantizar el cumplimiento del régimen de dedicación exclusiva, así como la correcta evaluación de las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos mediante comprobaciones documentadas y eficaces.
Asimismo, reclama un marco legal más estricto para prevenir los conflictos de intereses, alineado con las recomendaciones de los organismos internacionales, y la implantación de procesos transparentes para la selección y nombramiento de altos cargos del sector público estatal empresarial, basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad profesional e integridad.