El PP tiene previsto aprovechar este martes su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante en la Comisión de Justicia varias enmiendas a la reforma penal promovida por Junts, con la intención de incrementar las penas por multirreincidencia y evitar que migrantes con antecedentes policiales puedan acogerse a la regularización masiva aprobada recientemente por el Gobierno.
El plazo para registrar enmiendas concluyó la semana pasada y, aunque la iniciativa de Junts recibió en el Congreso el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, finalmente presentaron cambios al texto los socialistas, los 'populares', Coalición Canaria y el partido de Santiago Abascal.
En este marco, la Comisión de Justicia del Senado se reunirá este martes para debatir las distintas propuestas y aprobar el dictamen que más tarde se enviará al Pleno de la Cámara Alta.
El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, por lo que se da por hecho que logrará aprobar sus cinco enmiendas y remitirlas al Congreso para que la Cámara Baja se pronuncie. Queda por determinar qué posición adoptará el Grupo Popular respecto a las dos enmiendas del PSOE, las cuatro de Vox y la registrada por Coalición Canaria.
El PP plantea cambios en la Ley de Extranjería
Una de las enmiendas del PP pretende retocar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –conocida como Ley de Extranjería–, incorporando un nuevo precepto “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
El PP sostiene que “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
En consecuencia, los 'populares' plantean que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no sea sujeto de una pndencia penal suficiente en España o en los países en los que haya residido con anterioridad por delitos tipificados en la legislación española.
Además, proponen que se rechace la concesión de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente, y que, para valorar si existe una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El texto añade también que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por cualquiera de las causas anteriores no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
Las propuestas de Vox y del PSOE
Vox presume de ir “más allá” que el PP con sus enmiendas y defiende modificar el régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a ciudadanos extranjeros.
Los dos senadores de Vox plantean que “cuando un ciudadano extranjero haya sido previamente condenado por sentencia firme por cualquier delito previsto en el Código Penal y vuelva delinquir -con independencia de la naturaleza de la nueva pena impuesta, ya sea de multa, prisión u otra distinta -, la pena correspondiente sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional.
Asimismo, las enmiendas de Vox “suprimen la posibilidad de invocar el denominado arraigo como causa impeditiva de la expulsión”. “Y es que la apelación al arraigo ya ha demostrado que, pese a ser una cuestión excepcional, se ha usado de forma extensiva”, denuncia Vox.
Debate sobre el petaqueo y otras reformas penales
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda 'in voce' que fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado 'petaqueo', al perseguirse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o disposiciones generales, al entender que da soporte logístico a las narcolanchas.
El PP ha registrado otra enmienda específica sobre este asunto, además de una propuesta para reforzar las plantillas de fiscales. A su vez, el PSOE plantea introducir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico que eleve las penas cuando el fraude esté vinculado a delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, en los que es habitual el uso irregular de suministro eléctrico.
Por otro lado, Coalición Canaria (CC) ha aprovechado la tramitación de esta reforma penal para presentar una enmienda que persigue ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria.