La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha considerado “gravísimo” que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haya ordenado a las cárceles informar a los internos extranjeros sobre el proceso extraordinario de regularización, así como elaborar un registro estadístico de los solicitantes entre la población reclusa, entregar la documentación “a la mayor brevedad” y ofrecer apoyo lingüístico cuando sea preciso.
Según la comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, organismo dependiente del Ministerio del Interior, adelantada por 'El Español' y a la que ha tenido acceso Europa Press, se dispone que se “garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria”.
“Si esto es verdad, es gravísimo y el Gobierno debe explicarlo inmediatamente”, ha escrito la dirigente 'popular' en su cuenta de X. Por su parte, fuentes de Interior han señalado a Europa Press que su actuación se ha limitado a “informar informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”.
Ezcurra subraya que el decreto de regularización establece en sus disposiciones 20 y 21 la obligación de carecer de antecedentes penales. A su juicio, esto implica que, de entre los internos, solo podrían acogerse a este procedimiento quienes se encuentren en prisión preventiva. Recuerda que un preso preventivo es aquel al que un juez envía a prisión por riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas o reiteración delictiva, de acuerdo con el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, una persona sobre la que pesa la sospecha de un delito grave.
En paralelo, destaca que el decreto recoge “expresamente” que los antecedentes policiales, aunque no impiden la regularización, algo que califica como “tela” en lenguaje coloquial, sí serán tenidos en cuenta por la Administración para valorar el riesgo para el orden público. En su opinión, “no es descabellado” pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es”.
“¿Y si luego hay sentencia condenatoria? Pues con la residencia legal ya en la mano, expulsarles será mucho más difícil, porque tanto la expulsión por vía administrativa (art. 57.2 de la Ley de Extranjería) como la judicial (art. 89 del Código Penal) exigen valorar el arraigo. Y el arraigo, en este país, lo construye la residencia legal. Por tanto, regularizar presos es blindar el arraigo que mañana bloqueará su expulsión. Justo lo contrario de lo que debe pasar. En España, el que delinque”, concluye.