El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha defendido este miércoles en el Senado que en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 no hubo "injerencias indebidas", "trato de favor" ni "ayudas ilícitas", insistiendo en que la compañía ha sido objeto de "un ataque desproporcionado, disparatado y continuado".
En su exposición inicial ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', Martínez Sola ha recalcado que en la operación de apoyo público no se aplicó ningún "procedimiento excepcional al margen de la norma". Según ha explicado, el rescate respondió a "un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada".
El máximo responsable de la aerolínea ha arremetido contra las "afirmaciones, insinuaciones y acusaciones" que relacionan a Plus Ultra "con supuestos hechos ajenos a su gestión", denunciando que "se han difundido conjeturas como si fueran certezas" y que "se ha cuestionado la honradez de la empresa y sus profesionales sin que exista resolución alguna" que avale dichas sospechas.
En esta línea, ha recordado que "se ha tachado a Plus Ultra de tener un sólo avión, de se propiedad del Gobierno, de no cumplir ninguno de los requisitos para acceder al fondo (del rescate), de tener su sede social en Panamá, de financiar a la Internacional Socialista, de ser traficante de drogas, de armas y de personas, de transportar oro ilegalmente, de falsificar manifiestos de carga e incluso de formar parte de una trama organizada para esquivar los controles de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Barajas".
Detención e investigación por el uso del rescate
La intervención de Martínez Sola se produce después de que la Policía Nacional lo detuviera el pasado 11 de diciembre y registrara la sede de Plus Ultra, en el marco de unas diligencias abiertas por un juzgado de Madrid a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Esta investigación se centra en el presunto "uso indebido" de los 53 millones de euros otorgados por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como en un posible blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en distintos países.
Al referirse a la situación de la empresa, el presidente ha explicado que Plus Ultra, operativa desde julio de 2015, se vio afectada "de manera extraordinaria" por la crisis del coronavirus, cuando el tráfico aéreo "se paralizó casi por completo, los ingresos desaparecieron y el sector quedó en una situación crítica".
Ante ese escenario, ha indicado, la aerolínea recurrió al fondo habilitado por el Ejecutivo mediante la SEPI para "mantener el tejido productivo y el empleo ante una crisis sin precedentes". Según ha detallado, el expediente de rescate "fue sometido a diferentes análisis económicos, jurídicos y financieros" realizados tanto por firmas y expertos externos "independientes y contratados por Plus Ultra" como por la propia SEPI.
Martínez Sola ha precisado que "la tramitación del expediente llevó seis meses, el máximo permitido por el reglamento. (...) No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso arreglado con controles, con informes y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada".
Fiscalización y retorno económico del rescate
El presidente ha añadido que la concesión del "préstamo" a Plus Ultra fue examinada tanto por instancias judiciales como por el Tribunal de Cuentas, y que en ambos casos "no se observó irregularidad alguna en este proceso".
Ha defendido además que la "continuidad" de la aerolínea gracias a la cesión de los "préstamos" ha generado "una contribución directa al retorno económico y social de 114 millones de euros" mediante pagos a la Seguridad Social, tributos, creación de puestos de trabajo y el abono de los intereses de la financiación, que ascienden a nueve millones de euros.
Tras exponer estos argumentos, Martínez Sola ha decidido acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los grupos en la comisión, alegando que figura como investigado en un procedimiento judicial que permanece bajo secreto de sumario.