El PSOE ha defendido en el pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley destinada a incorporar la evaluación del impacto de las políticas públicas en el ámbito de la juventud, una iniciativa que ha contado con el rechazo de PP y Vox. Desde Junts, la diputada Pilar Calvo ha advertido de que los jóvenes “no piden informes, piden casa, trabajo y futuro”.
La propuesta socialista plantea modificar la Ley 27/2022, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, para que ese análisis incluya de forma específica sus efectos sobre la población joven e introducir el denominado Youth Test, un instrumento promovido por el Foro Europeo de la Juventud y ya operativo en países como Alemania, Austria o Italia. La finalidad es estudiar ex ante cómo repercuten las decisiones del Gobierno en las personas jóvenes y garantizar su participación.
El diputado del PSOE Víctor Camino, encargado de presentar la iniciativa, ha defendido que la creación de indicadores como el Youth Test, que permitan que la toma de decisiones incorpore una “mirada generacional”, supone una apuesta por “la calidad de la democracia”.
Según ha explicado, “implementar el Youth Test, surgido en el Foro Europeo de la Juventud y que ya funciona en Alemania, en Austria y en Italia con diferentes matices, podría acreditar, por ejemplo, cómo la subida del salario mínimo a 1.221 euros o la reforma laboral afectan directamente a los jóvenes”.
Camino ha detallado que este examen “evalúa el diseño de cualquier política pública, abre la participación a través de consultas regladas, identifica las consecuencias en grupos vulnerables, publica los resultados en un lenguaje claro y accesible y, en definitiva, hace que la juventud salga de ese laberinto paternalista que dicta que los jóvenes solo pueden opinar de ámbitos tradicionalmente asociados a los jóvenes”.
Durante su intervención, ha vinculado la iniciativa con la necesidad de “combatir la desinformación y la desafección política” entre la juventud, y ha sostenido que “la verdadera revolución en democracia se hace con el Boletín Oficial del Estado”. También ha reclamado el apoyo de la Cámara para “poner cifras frente al odio y construir un país en el que quepan todas las generaciones”.
Críticas de Vox y PP: precariedad y falta de resultados
En el turno de portavoces, el representante de Vox, Manuel Mariscal, ha calificado la proposición de “estafa a los jóvenes” y ha acusado al Ejecutivo de haber empujado a la juventud a una “espiral de precariedad” a raíz de su reforma laboral.
Asimismo, ha denunciado que, con la regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno ha trasladado “un ultimátum” a los jóvenes. “O paro o precariedad. Y si eligen paro no pasa nada, porque los van a reemplazar por jóvenes extranjeros que sí que son capaces de admitir esa precariedad”, ha señalado Mariscal, antes de subrayar que los jóvenes necesitan “empleo, acceso a la propiedad y seguridad” y anunciar que su grupo votará en contra porque “los socialistas han estafado a los jóvenes”.
Desde el PP, la diputada Beatriz Álvarez ha rechazado igualmente la iniciativa al considerar que en España no hay “un problema de faltas de diagnósticos”, sino “de resultados”. Ha recordado que “los salarios reales llevan estancados más de una década, porque somos campeones en desempleo juvenil, porque la edad de emancipación ya supera los 30 años porque el precio de la vivienda ha subido más de un 50% desde el 2019. Eso no es percepción, eso es un dato”.
Álvarez ha insistido en que “la juventud no quiere ser un expediente ni una estadística, quiere poder irse de casa, firmar un contrato estable y llegar a fin de mes”, cuestionando que el Gobierno precise un nuevo test para conocer la situación de “precariedad, desempleo juvenil y dificultades de emancipación”. Ha acusado al Ejecutivo de haber convertido a una generación en “una vida en pausa” y ha defendido que la “justicia intergeneracional” exige “facilitar el acceso a la vivienda, el ahorro y el empleo estable”. A su entender, la propuesta del PSOE no servirá para mejorar salarios ni para reducir la edad de emancipación.
“Están pidiendo que las cosas funcionen. Además, ustedes defienden que esto se inspira en modelos europeos. Muy bien, pero en Europa los jóvenes se emancipan antes. En Europa el alquiler no se come en medio sueldo”, ha reprochado la diputada popular, que también ha advertido de que “cuando un Gobierno normaliza el nepotismo, la opacidad, la falta de responsabilidades, lo que se deteriora no es solo la política, se deteriora la confianza, se deteriora la esperanza y aparece algo mucho más peligroso, la frustración”. “La sensación de que por mucho que nos esforzamos, no avanzamos”, ha concluido.
Apoyos de Sumar, PNV y BNG con exigencia de políticas reales
Por su parte, Sumar ha avanzado su respaldo a la toma en consideración. El diputado Nahuel González ha defendido que medir el impacto en la juventud puede ser una herramienta útil para “dejar de legislar a ciegas” y convertir a los jóvenes en “criterio” y no en un “simpático apartado”.
No obstante, desde Sumar han reclamado al PSOE que acompañe esta evaluación con medidas “valientes”, sobre todo en materia de vivienda, a la que han definido como “el problema estructural de los jóvenes”. “El PSOE muchas veces, y desde el Gobierno, no muestra la valentía necesaria y se dedica más a comunicar que a aplicar políticas reales que necesitamos todas y todas”, ha señalado González.
El PNV también ha avanzado su voto favorable, aunque ha reprochado al Ejecutivo la tardanza en impulsar esta reforma, recordando que en mayo de 2024 el Congreso ya aprobó una proposición no de ley en la Comisión de Juventud e Infancia en esta misma línea. La diputada Nerea Rentería ha destacado que Euskadi dispone desde 2022 de una ley de juventud propia que ya incorpora mecanismos de evaluación.
En términos similares, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha considerado positiva la evaluación, pero ha avisado de que, antes de medir resultados, deben existir “políticas públicas eficaces” en ámbitos como el empleo, la vivienda o el transporte dirigidas a la juventud.