El PSOE ha registrado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la más reciente modificación del Reglamento del Senado, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP y que, entre otros aspectos, abre la puerta a acudir a los tribunales frente al Congreso y fija nuevos límites de tiempo en las intervenciones de los ministros.
Los socialistas sostienen que esta reforma se aprobó “de forma irregular” mediante “supuestas correciones técnicas” que no llegaron a debatirse ni someterse a votación en el Pleno de la Cámara Alta.
Según el recurso, esta última actualización del Reglamento introduce “enmiendas encubiertas” a través de dichas correciones técnicas y pone en cuestión los artículos que “permiten que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin votación en Pleno”.
El PSOE también recurre los artículos que incorporan la figura del denominado “veto presunto”, al equiparar el rechazo de un proyecto legislativo por mayoría absoluta del Pleno con la aprobación formal de un veto previsto en la Constitución.
Además, el escrito se dirige contra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que faculta a plantear conflictos de atribuciones por una presunta demora injustificada del Congreso en la tramitación de iniciativas procedentes del Senado.
Alcance de la reforma impulsada por el PP
La iniciativa de los ‘populares’, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge expresamente la opción de acudir al Constitucional por la “demora” del Congreso en la tramitación de proposiciones de ley.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado desde la tribuna del Senado su intención de recurrir al Constitucional por esta situación, para lo que su partido consideraba imprescindible cambiar antes el Reglamento.
El PP viene denunciando durante toda la legislatura que la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso bloquea la tramitación de las proposiciones de ley que el PP logra aprobar en el Senado gracias a su mayoría absoluta.
Por este motivo, los ‘populares’ incorporaron un nuevo redactado que establece que, cuando la tramitación de una proposición de ley por el Congreso se retrase “de forma injustificada”, cualquier grupo parlamentario podrá plantear al Pleno del Senado la apertura de un conflicto de atribuciones, que acabaría dirimiendo el Tribunal Constitucional.
Límites de tiempo y comparecencias
En paralelo, la reforma introduce cambios en el tiempo máximo del que disponen los miembros del Gobierno en sus intervenciones, ya que hasta ahora no tenían un límite tasado en sus comparecencias en la Cámara Alta.
Con el nuevo Reglamento, los integrantes del Ejecutivo contarán con un máximo de 40 minutos para sus exposiciones iniciales, y de unos 15 y 10 minutos para las posteriores réplicas, según figura en el texto impulsado por el PP.
Asimismo, los ‘populares’ han querido dejar reflejado por escrito en el Reglamento del Senado que jueces y magistrados no estarán obligados a comparecer ante las comisiones de investigación.
Veto, votaciones y voto telemático
La reforma también incorpora un apartado sobre la forma de votar los proyectos de ley, tras la controversia generada con la norma que benefició a presos de ETA durante su tramitación en el Senado.
Entonces, el PP tumbó el texto en el Pleno pero no llegó a aprobar un veto formal, si bien la letrada mayor de la Cámara Alta emitió un informe en el que consideraba que la iniciativa debía devolverse al Congreso.
A partir de ahora, los ‘populares’ fijan de manera expresa en el Reglamento que “se considerará que el Senado veta un proyecto o proposición si sometido a su consideración, por así solicitarlo un Grupo parlamentario, queda rechazado por mayoría absoluta de la Cámara”.
Por otro lado, la reforma del Reglamento introduce el voto telemático para los senadores de designación autonómica cuando coincida un Pleno del Senado con otro de su respectiva asamblea regional, una demanda que venía planteando el PSOE.
En términos generales, la modificación también incide en la tramitación de los suplicatorios, en las declaraciones de actividades, bienes patrimoniales y rentas de los senadores, en la creación de dos nuevas comisiones y en el procedimiento de las iniciativas de control e impulso político.