El PSOE ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa con la que plantea revisar la normativa actual para reforzar la protección de los consumidores que padecen reiterados cortes en el suministro de energía en distintas zonas de España, de forma que puedan recibir indemnizaciones “justas y proporcionadas”.
Los socialistas recogen esta demanda en una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, donde subrayan que en numerosos puntos del país hay vecinos y barrios enteros que sufren estos cortes de luz, “encontrándose indefensos”.
Según expone el grupo parlamentario, estos apagones dificultan el ejercicio de derechos básicos, como una correcta alimentación, el estudio o el mantenimiento de la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura y confort.
El partido sostiene que las personas afectadas no pueden acceder a compensaciones económicas acordes al perjuicio que estos cortes de energía les ocasionan en su día a día, ya que la ley fija un tope máximo a la cuantía de las indemnizaciones. A juicio del PSOE, esta limitación vulnera la directiva europea sobre el mercado eléctrico, que exige a los Estados miembros no obstaculizar el acceso a la red de distribución.
Revisión del decreto de 2000
La proposición no de ley señala en concreto la “compleja redacción” relativa al sistema de descuentos, con “límite máximo”, incluida en el artículo 105.3.b del decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica.
De acuerdo con el PSOE, esta regulación provoca compensaciones muy bajas en comparación con el consumo real. Así, para una vivienda tipo en España con un gasto anual de 573,60 euros, la distribuidora solo estaría obligada a abonar 57,30 euros de indemnización.
Por este motivo, la iniciativa reclama modificar dicho decreto con el fin de que los usuarios tengan asegurado el suministro eléctrico por el que pagan y que, cuando este no se garantice, “puedan ser compensados con indemnizaciones justas y proporcionadas”.