El PSOE ha censurado este martes a la presidenta saliente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, por sus recientes llamamientos a reforzar la independencia del organismo respecto de la política, en un momento en el que el Gobierno pretende situar al frente a una alta cargo del Ministerio de Hacienda cercana a la vicepresidenta María Jesús Montero.
Herrero ha acudido este martes a la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, donde la oposición cuenta con mayoría absoluta, para presentar el balance de sus seis años de mandato al frente de la AIReF. Esta comparecencia se ha producido en vísperas de que la Comisión de Hacienda del Congreso examine la propuesta del Ejecutivo para sustituirla por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz.
Durante su intervención, la presidenta saliente ha reprochado que solicitó comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso para rendir cuentas de su labor, al ser este órgano el que tiene la última palabra sobre la presidencia de la institución, y que, sin embargo, no obtuvo contestación alguna de la Mesa, controlada por PSOE y Sumar. “Parece que la comisión ha considerado innecesaria esta rendición de cuentas, y digo parece porque ni siquiera ha recibido respuesta a mi petición”, ha manifestado.
La ya expresidenta ha indicado que, tras seis años al frente de la AIReF, pone fin a una etapa personal de doce años que ha definido como “satisfactorios y gratificantes” pese a los “desvelos, obstáculos y dificultades” que ha ido afrontando durante este periodo.
Críticas socialistas a su exposición pública
En el turno de los grupos, y en un contexto en el que los últimos informes del organismo fiscal han sido especialmente críticos con el Ejecutivo y Herrero ha venido reclamando mayor independencia para la institución, el diputado socialista Javier Rodríguez Palacios ha señalado: “Estos últimos meses tal vez podría haber actuado con una cierta discreción”.
En su respuesta, la presidenta saliente ha reconocido que se le hace “duro” escuchar ese reproche y ha cuestionado por qué se le exige discreción y sólo en “los últimos meses”. “Yo no creo que esté cometiendo ninguna injerencia, ningún acto que no se pueda entender, otra cosa es que yo me pronunciara sobre el candidato, y no lo he hecho”, ha remachado.
Herrero ha subrayado igualmente que, como presidenta, tiene la obligación de ponerse a disposición de quien la releve para garantizar una “buena transición” en la institución, pero ha insistido en que, si se abre un debate sobre la AIReF y en particular sobre su carácter presidencialista, no puede permanecer al margen.
Debate sobre un sistema de elección más abierto
En esta línea, ha valorado positivamente que se haya abierto una discusión sobre el procedimiento de designación de la presidencia y sobre la conveniencia de un arranque “más democrático”, de forma que, en lugar de elevar un único nombre, el Parlamento pueda examinar varios perfiles alternativos.
Al margen de esta cuestión, Herrero ha advertido de que toda la controversia generada en torno a la propuesta del Gobierno “no es buena para la institución” y ha expresado su deseo de que el foco vuelva a situarse en los informes de la AIReF y no en quién la preside.
Respecto a las posibles vías para evitar que se repitan episodios similares, que, a su juicio, se reproducirán “cada seis años” con cada renovación del mandato, la presidenta saliente ha sugerido regular de forma más precisa el régimen de incompatibilidades de la presidencia. “Flaco favor se le hace a la AIReF si se empieza a ver vinculación política con la toma decisiones”, ha añadido.
Más diálogo con el Gobierno y cambios legales
Entre otros aspectos, la exmandataria ha señalado que durante su etapa al frente del organismo le habría gustado disponer de mayor “capacidad de diálogo” a la hora de fijar los estudios a realizar en el marco de los ‘spending reviews’, el programa de revisión y evaluación del gasto público en España impulsado por el Ejecutivo.
Asimismo, ha instado al Parlamento a valorar una reforma de la ley de creación de la AIReF para que la actividad evaluadora del organismo cuente con las mismas garantías jurídicas que la función de supervisión fiscal y se corrija la asimetría existente entre los encargos de la Administración General del Estado y los de las comunidades autónomas.
Herrero ha detallado que, mientras la AIReF está obligada a atender las solicitudes de informe del Gobierno central, algo que, a su entender, puede dar pie a “interpretaciones erróneas”, sí tiene margen para aceptar o rechazar los trabajos que le plantean las administraciones autonómicas.
“Según la ley, la AIREF tiene que hacer los encargos de la Administración Central, mientras que puede hacer o no los encargos de las Administraciones Territoriales. Y ello no se entiende muy bien en una institución que se financia a través de una tasa que pagan todas las administraciones”, ha explicado.
En este contexto, ha incidido en que la obligatoriedad de asumir los encargos de la administración central no puede “en ningún caso” traducirse en una merma de la autonomía organizativa o de la capacidad de planificación de recursos de la AIReF, por lo que ha reclamado modificar la norma para que el sistema de encargos sea “dialogado” y que “en ningún caso” se articule mediante real decreto, una práctica que, según ha recordado, está “prohibida expresamente”.