El Pleno del Senado someterá a votación este miércoles la reforma del Código Penal promovida por Junts para agravar las consecuencias de la multirreincidencia, después de que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta haya dado luz verde al dictamen del proyecto con varias modificaciones introducidas por PP, Vox y PSOE.
La propuesta, centrada en elevar las penas para los delincuentes que reinciden, continúa así su recorrido parlamentario tras la incorporación de distintas enmiendas durante su paso por el Senado. En la sesión plenaria se debatirán y votarán también las enmiendas que quedaron vivas tras la comisión.
Al haberse alterado el contenido durante su tramitación en la Cámara Alta, el texto tendrá que regresar posteriormente al Congreso de los Diputados, que será el encargado de confirmar o tumbar los cambios aprobados por el Senado.
En este marco, Vox defendió una modificación del régimen que permite sustituir determinadas penas por la expulsión en el caso de ciudadanos extranjeros, una enmienda que fue rechazada en la Comisión de Justicia y que volverá a someterse a debate este miércoles en el Pleno.
Por su parte, Coalición Canaria (CC) aprovechó la tramitación de esta norma para registrar una enmienda con la que pretendía ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria, pero la Mesa del Senado decidió finalmente no admitirla.
Enmiendas incluidas en el texto
En cualquier caso, los 'populares' hicieron valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante una enmienda destinada a impedir que migrantes con antecedentes policiales puedan acogerse a la regularización masiva aprobada recientemente por el Gobierno.
Una de las enmiendas del PP, que se ha incorporado al articulado, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social --conocida comúnmente como Ley de Extranjería-- introduciendo un nuevo artículo “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
Según defiende el PP, “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
Por ello, los 'populares' plantean que todas las autorizaciones de residencia exijan que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no tenga una pendencia penal suficiente en España o en los países en los que haya residido previamente por delitos tipificados en el ordenamiento español.
Del mismo modo, proponen rechazar la solicitud de estancia o residencia cuando el interesado haya sido condenado ejecutoriamente como reincidente, y establecen que, para valorar una posible amenaza al orden público o a la seguridad ciudadana, la Administración deba recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, añaden un apartado que precisa que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas previstas anteriormente no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
En el caso de Vox, el grupo incluyó una enmienda en la que se señala que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno “suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles”.
El PSOE incide en el petaqueo y el fraude eléctrico
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts cerraron una enmienda 'in voce' que fija penas de prisión de uno a cinco años por el denominado 'petaqueo', al penalizarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” vulnerando las leyes u otras disposiciones de carácter general y proporcionando apoyo logístico a las narcolanchas.
El PP consiguió además introducir otra enmienda relativa a este fenómeno, junto a una más para reforzar las plantillas de fiscales, mientras que el PSOE impulsó una modificación para incorporar un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico y endurecer las penas en los casos vinculados a cultivos 'indoor' de marihuana, en los que es habitual el fraude en el suministro eléctrico.