El Senado ha programado para el próximo 15 de enero un pleno extraordinario en el que figuran en el orden del día las comparecencias de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a la espera de que el Gobierno confirme oficialmente su presencia.
La sesión arrancará a las 10.30 horas y está previsto que se prolongue hasta alrededor de las 18.00 horas. Durante ese pleno también se someterá a debate la puesta en marcha de una nueva comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), impulsada por el PP, que pretende aprovechar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacarla adelante, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La Junta de Portavoces del Senado, reunida este miércoles, ha cerrado los detalles de este pleno extraordinario, apenas dos días después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunciara la creación de este nuevo órgano, que persigue aclarar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó a cabo "favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro mediante operaciones de rescate como la de la aerolínea Plus Ultra.
Fuentes 'populares' explican que el objetivo es que la comisión quede debatida y aprobada en el pleno del 15 de enero y que, a continuación, se convoque su primera reunión, previsiblemente en febrero, para constituir la mesa y designar a los integrantes que pasarán a formar parte de este órgano de investigación.
Desde el PP también apuntan la opción de llamar a comparecer a la propia Montero, en su condición de responsable política de la SEPI, así como al expresidente de la entidad pública, Vicente Fernández, y a la exmilitante socialista Leire Díez.
La iniciativa para crear esta comisión se produce tras las detenciones de Díez, Fernández y Antxon Alonso, empresario y socio del exdirigente socialista Santos Cerdán en la compañía Servinabar, practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado mes de diciembre, en el marco de una causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la contratación pública, el pasado mes de diciembre de 2025.