El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley registrada por el PP para la “defensa y protección” de los símbolos nacionales --entre ellos la bandera y el himno de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey--, que incorpora un régimen de sanciones para funcionarios y responsables públicos, incluyendo vetos de nombramiento de hasta cuatro años.
La iniciativa de los populares, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara Alta. Tras este primer aval, la proposición de ley continuará su recorrido en el Congreso de los Diputados, que deberá decidir si prosigue su tramitación o la tumba.
En el debate parlamentario, la senadora del PP Marimar Blanco ha sido la encargada de presentar el texto, que solo ha recibido el respaldo de Vox entre los grupos que han tomado la palabra. La formación de Santiago Abascal ha acogido positivamente la propuesta, aunque considera que el proyecto es “limitado y claramente insuficiente porque es una regulación de carácter exclusivamente administrativo”.
Los populares argumentan que actualmente no existe una regulación específica sobre la defensa y protección de banderas, escudos e himnos de España, sus comunidades autónomas y entidades locales, más allá del delito de ultraje recogido en el Código Penal.
Por este motivo, sostienen que la proposición de ley “viene a llenar ese vacío normativo”, fijando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales del Estado. El texto se compone de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, repartidos en tres capítulos.
TAMBIÉN BANDERAS DE LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS
A efectos de esta ley impulsada por el PP, se consideran símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP recalca que estos símbolos deberán exhibirse en sus respectivos ámbitos territoriales, salvo en los casos en que se coloquen otros emblemas de manera ocasional como gesto de cortesía hacia otros Estados o comunidades con motivo de visitas oficiales.
Al tratarse de una norma de carácter administrativo y atendiendo a su ámbito subjetivo de aplicación, la protección de los símbolos se “circunscribe” a los espacios físicos, edificios y dependencias que sean de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección alcanzan a los altos cargos, que quedarán sometidos a un régimen sancionador graduado en función de la gravedad de la conducta.
Las infracciones graves conllevarán la pérdida del derecho a percibir la indemnización por cese en el cargo, mientras que en los casos muy graves se añade la imposibilidad de ser nombrados de nuevo como autoridad o cargo público durante un periodo de cuatro años.
PARA EL OTRO LADO DE LA BANCADA ES INCONSTITUCIONAL
En el bloque contrario, el PSOE y sus aliados parlamentarios se han mostrado firmemente opuestos a la proposición de ley defendida por el PP, al considerar que es “inconstitucional” y advertir de un intento “recentralizador” que “impone una unidad simbólica”.
Los senadores de ERC, EH Bildu y PSOE que han intervenido en el debate han reiterado en varias ocasiones que se trata de una iniciativa “inconstitucional”, esgrimiendo distintos argumentos jurídicos para justificar su rechazo al texto del PP.
Por su parte, el senador de Junts Francesc Xavier Ten ha denunciado el “totalitarismo” del PP con esta propuesta: “Lo que debería ser un principio de neutralidad institucional, queda convertido en una obligación de sumisión simbólica, incompatible con la libertad ideológica y el pluralismo político”.
La senadora de Más Madrid, Carla Delgado, sostiene que la iniciativa tiene “una intención política absolutamente regresiva que roza la censura”, mientras que la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán, ha acusado al PP de impulsar un “intento recentralizador alrededor de una España única”.