El Tribunal de Cuentas ha señalado deficiencias en el diseño del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) y ha reclamado al Gobierno que asegure una implicación real del sector privado.
Así se recoge en su informe de fiscalización sobre el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) correspondiente al periodo 2021-2023, donde analiza el planteamiento inicial, la estructura de gobernanza y la ejecución de uno de los instrumentos clave de política industrial vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este Perte fue el primero en recibir luz verde por parte del Ejecutivo y contempla una inversión global de 24.009 millones de euros, de los que 4.295 millones proceden de financiación pública con fondos europeos. Su finalidad es transformar la industria de la automoción y reforzar su competitividad mediante la colaboración público-privada. La gestión principal recae en el Ministerio de Industria y Turismo.
Limitaciones a la implicación empresarial
En su análisis inicial, el Tribunal subraya que el diseño del Perte no integró de forma ordenada la participación del tejido empresarial, reducida a la presentación de manifestaciones de interés tramitadas a través de un procedimiento informal.
“Esta forma de actuación ha impedido la creación de una verdadera colaboración entre ambos sectores”, ha señalado el organismo presidido por Enriqueta Chicano, lo que, según subraya, ha condicionado el desarrollo posterior del proyecto.
En cuanto al modelo de gobernanza, el Tribunal de Cuentas indica que los órganos creados para coordinar y supervisar el Perte VEC han tenido una actividad limitada, “con pocas reuniones y escasa coordinación”.
De acuerdo con el informe, esta situación ha desembocado en una gestión fragmentada de las diferentes líneas de ayudas previstas, sin una integración efectiva entre ellas y con una tramitación independiente. Aunque se fijaron metas e indicadores, el documento advierte de que “la falta de un órgano encargado de su seguimiento y un calendario para su consecución impiden que tengan una utilidad mayor”.
Mejoras progresivas en la gestión
Respecto a la principal línea de ayudas, el Tribunal aprecia una mejora entre la primera convocatoria, marcada por su “elevada complejidad y resultados limitados”, y las siguientes, en las que se redujeron exigencias y se mantuvo la concentración de buena parte de los fondos concedidos en un grupo reducido de grandes compañías.
Al cierre del periodo analizado seguía sin adjudicarse el 57% de las ayudas previstas, por un total de 2.408 millones de euros. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas detecta progresos en transparencia, sostenibilidad ambiental y en la aplicación de medidas antifraude, aunque identifica déficits en la incorporación efectiva del principio de igualdad en las convocatorias.
En consecuencia, la institución plantea reforzar el diseño y la gobernanza de los Perte, mejorar la coordinación y el seguimiento de sus distintas líneas de actuación y asegurar una participación efectiva del sector privado desde las fases iniciales, con el objetivo de maximizar el impacto de estos instrumentos estratégicos de política pública.