La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, acude este martes al Congreso para exponer el último informe sobre las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, donde se desgrana el destino de los 12,87 millones de euros gestionados por estas entidades durante los ejercicios 2021 y 2022.
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fundación Concordia y Libertad, ligada al PP, figura como la entidad que más subvenciones públicas recibió, mientras que la Fundación Disenso, de Vox y presidida por Santiago Abascal, concentra el mayor volumen de aportaciones privadas (procedentes casi en su totalidad del propio partido). Por su parte, la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, vuelve a aparecer en "números rojos".
En total, las fundaciones políticas percibieron 4,93 millones de euros en subvenciones públicas, repartidos en 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones en 2022. Sobresale la Fundación Concordia y Libertad, que en ese bienio sumó casi dos millones de euros por esta vía (1.976.009,64 euros). La FAES de José María Aznar ya no figura en este cuadro al haberse desligado del PP y optar por operar de forma independiente.
Ministerios que más subvencionan y auge de las donaciones privadas
Las principales ayudas públicas proceden de los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, y el Tribunal aprovecha para reiterar al Gobierno la necesidad de exigir que las entidades que aspiren a estas subvenciones estén correctamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior.
Además, las fundaciones ingresaron 7,93 millones de euros en donaciones privadas y transferencias de sus respectivos partidos. En este apartado destaca la Fundación Disenso, de Santiago Abascal, que acumula más de cinco millones: 2,5 millones en 2021 y otros 2,59 millones en 2022, en su mayor parte traspasos desde Vox.
Ese volumen de recursos procedentes del partido y los testimonios de antiguos cargos de Vox sobre un supuesto desvío de fondos, como en Baleares, llevaron al PSOE a reclamar una fiscalización específica de la fundación de Abascal e incluso a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente fue archivada.
El informe del órgano fiscalizador también resalta las cifras de la Fundación Sabino Arana, del PNV, que entre aportaciones y subvenciones públicas alcanzó 1,42 millones de euros en el periodo analizado.
Siete fundaciones con patrimonio negativo al cierre de 2022
En el lado opuesto, el Tribunal constata que siete de las fundaciones sometidas a examen presentan un patrimonio neto negativo al término de 2022. Entre ellas sobresale, por volumen, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con un "agujero" de 2,25 millones de euros, pese a haber recibido 1,38 millones entre aportaciones y subvenciones en los dos ejercicios revisados.
También figura la Fundación Eduardo Obregón, del PRC de Miguel Ángel Revilla, que arrastra "números rojos" por valor de 26.899 euros, así como la Sociedad Fundación Elkartu, de Eusko Alkartasuna, inmersa en un proceso de disolución y con un saldo negativo de 709.162 euros.
En términos generales, las fundaciones y entidades asociadas a partidos superan la fiscalización del Tribunal de Cuentas, aunque se detectan incumplimientos como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias, al no existir cuentas específicas para este fin, o entregas en efectivo derivadas de convenios de colaboración que no se han comunicado al órgano fiscalizador.
Por este motivo, el Tribunal plantea que se regule una cuantía mínima a partir de la cual las fundaciones y entidades ligadas a partidos estén obligadas a notificar las donaciones procedentes de personas jurídicas.
Retrasos en la presentación de cuentas y falta de registro
El informe subraya asimismo que menos de una veintena de entidades presentaron sus cuentas dentro del plazo legal. Además, el Tribunal señala a tres fundaciones que no han rendido sus cuentas anuales pese a estar obligadas, lo que constituye un incumplimiento de la normativa: Por la Europa de los Ciudadanos, ahora denominada Fundación de estudios Críticos (FEC) y vinculada a Izquierda Unida; el Instituto de Estudios Políticos, también próximo a IU en la Comunidad Valenciana; y la fundación Horacio Fernández Inguanzo, del Partido Comunista de Asturias.
El órgano fiscalizador constata, igualmente, que doce y once fundaciones y asociaciones permanecieron inactivas en 2021 y 2022, respectivamente, algunas de ellas ya en proceso de disolución o extinción. Ante esta situación, el Tribunal insta a los patronatos a culminar la disolución y advierte de que estas entidades no pueden mantenerse como meros tenedores de inmuebles o como estructuras para captar recursos de los partidos de los que dependen.
Otro aspecto que denuncia el Tribunal es que sólo alrededor de una quincena de fundaciones figuran correctamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior, pese a que así lo exige la ley, por lo que emplaza al Gobierno a actualizar y depurar dicho registro.
Conforme a la normativa vigente, las fundaciones políticas también están obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría externa, pero más de una decena incumplen este requisito. Ante ello, el Tribunal de Cuentas propone fijar un umbral mínimo de ingresos a partir del cual sea exigible esta obligación legal. Todas las auditorías presentadas han resultado positivas.