El Tribunal de Cuentas ha reclamado a la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable de la gestión de los recursos del Plan de Recuperación, que refuerce los mecanismos de control y el seguimiento de cómo se están utilizando estos fondos en las distintas entidades de la Administración Pública.
Esta petición figura en su informe de fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gasto del Plan de Recuperación vinculados al área dos de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye las políticas de protección y promoción social correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.
En este trabajo, el órgano fiscalizador ha examinado la actuación de doce entidades: los ministerios de Trabajo y Economía Social; Sanidad; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Educación, Formación Profesional y Deportes; y Vivienda.
Asimismo, la fiscalización se ha extendido al Fondo de Garantía Salarial, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto de las Mujeres y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
Deficiencias en la gestión y medidas no aplicadas
En las conclusiones del informe, la institución presidida por Enriqueta Chicano advierte de diversas carencias en la gestión de estos recursos. Las entidades analizadas muestran un escaso grado de cumplimiento de las obligaciones fijadas en la normativa del Plan de Recuperación en materia de programación de la contratación, autoevaluación e instrucciones de gestión, y no han aplicado de forma general las medidas organizativas contempladas de manera facultativa en dicha normativa.
El Tribunal también señala que, para atender las necesidades derivadas del Plan de Recuperación, las entidades han recurrido a fórmulas excepcionales de provisión de personal en lugar de utilizar, como vía prioritaria, la reorganización de efectivos existentes, sin aportar una justificación suficiente.
Según el organismo fiscalizador, las entidades han presentado “deficiencias” en el seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación y en la puesta en marcha de medidas de control cuando la ejecución de los proyectos recae en otras administraciones territoriales, lo que, a juicio del Tribunal, “compromete la trazabilidad y el control global de la ejecución del plan”.
El Tribunal de Cuentas también dirige su atención al sistema CoFFEE, diseñado para facilitar la coordinación y monitorización del Plan de Recuperación, ya que durante el periodo analizado no estaba plenamente operativo.
Retrasos en proyectos y advertencia sobre los plazos
El informe refleja que el 64,3% de los proyectos asociados a los programas de gasto del área dos examinados no habían finalizado su ejecución pese a que debían estar concluidos en la fecha en la que se llevó a cabo la fiscalización.
Del mismo modo, el 36,84% de los hitos y objetivos vinculados a las medidas analizadas no se habían alcanzado dentro del plazo fijado en la decisión de ejecución del Consejo de la UE que aprueba el Plan de Recuperación, vigente cuando se realizaron estos trabajos de control.
Ante esta situación, la institución plantea que todas las entidades con funciones decisorias y ejecutoras en el Plan de Recuperación “deben extremar el rigor en el seguimiento y control” de su ejecución, acelerando el ritmo de implementación para que España pueda cumplir los compromisos asumidos y garantizar el desembolso íntegro de los fondos comprometidos.
Además, insta a la Secretaría General de Fondos Europeos, como autoridad responsable del Plan de Recuperación, a adoptar las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema CoFFEE, así como a establecer mecanismos de coordinación con las entidades gestoras del Plan y de seguimiento de su actividad, de forma que se garantice un control efectivo sobre la ejecución del mismo.