Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este viernes en el Congreso varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno en las que reprueba el desalojo efectuado el miércoles en el antiguo Instituto B9 de Badalona, utilizado como asentamiento ocupado, “que dejó a decenas de personas, muchas de ellas migrantes en situación administrativa irregular, en una situación de vulnerabilidad extrema y sin alternativa habitacional”, y reclama al Ejecutivo que impulse la regularización de los extranjeros afectados.
La evacuación del inmueble se realizó a instancias del Ayuntamiento de Badalona, en cumplimiento de una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, dictada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al Consistorio a recuperar la posesión del edificio.
El diputado Jordi Salvador ha denunciado que el desalojo se ejecutó “sin garantizar mecanismos suficientes de realojo de emergencia, vulnerando derechos humanos básicos y exponiendo a las personas afectadas a una situación de grave desamparo”. A su juicio, “El caso del B9 no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo que criminaliza la pobreza y la migración. Reproduce el racismo institucional y prioriza la competición por la derecha por encima de la protección social”.
Críticas a la Ley de Extranjería y peticiones al Gobierno
Bajo el epígrafe “EVITAR TRASLADOS AL CIE”, el parlamentario centra sus reproches en el impacto de la Ley de Extranjería que, según sostiene, “agrava la desprotección de las personas migrantes y dificulta el acceso a los servicios sociales”. En este contexto, pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si prevé adoptar medidas urgentes para salvaguardar los derechos fundamentales y frenar los traslados a los CIE tras desalojos forzosos. “Es necesario asegurar que estos procedimientos cumplan ahora los estándares internacionales de derechos humanos”, ha exigido.
Esquerra también ha trasladado al Ejecutivo si contempla abrir nuevas vías de regularización para las personas migrantes ante el actual bloqueo de la proposición de Ley de Regularización, y reitera su demanda de “voluntad política para afrontar la grave crisis de la vivienda y el sinhogarismo desde una perspectiva de derechos”.