QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
ERC ha formulado una serie de interrogantes al Gobierno en el Congreso, tras acceder a ellas Europa Press, solicitando aclaraciones escritas del Ejecutivo sobre los recientes bloqueos de direcciones IP realizados por LaLiga, que cuentan con respaldo judicial para frenar la piratería en transmisiones deportivas.
En esta línea, los republicanos señalan un impacto «masivo» de la política antipiratería de LaLiga, que ha repercutido en plataformas legítimas como Steam, X (Twitter) o sitios web oficiales, comprometiendo la neutralidad de la red y la libertad de información, resonando con las protestas de grupos tecnológicos y usuarios de internet.
De acuerdo con la justificación presentada, ERC subraya que este caso, denominado ‘LaLigaGate’, establece un precedente «preocupante» por el excesivo control que una entidad privada puede tener sobre los bloqueos masivos «sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales».
Por tal motivo, instan al Gobierno a definir criterios claros, proporcionados y bajo supervisión judicial para cualquier tipo de bloqueo, con el fin de evitar repercusiones negativas y salvaguardar la libertad digital.
Así, ERC inquiere al Ejecutivo sobre las acciones previstas para asegurar que los bloqueos cumplan con el principio de proporcionalidad y no infrinjan derechos fundamentales, y si se considera pertinente crear un marco legal que impida bloqueos extensos e indiscriminados que perjudiquen a sitios web legítimos.
También cuestionan la función de los entes reguladores (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, CNMC) en la fiscalización de estos bloqueos, y si se contempla la implementación de un procedimiento administrativo previo o de revisión posterior para validar su legalidad. Adicionalmente, indagan si el Gobierno tiene en mente regular la participación de empresas privadas en el manejo del acceso a internet, garantizando que cualquier bloqueo esté fundamentado en una orden judicial explícita con alcance y duración definidos.
Finalmente, desean saber las opiniones del Ejecutivo sobre las reclamaciones presentadas por compañías y asociaciones de internautas, si se facilitarán mecanismos de reclamo o compensación por los daños causados y si se evalúa la creación de un protocolo claro entre afectados y operadores para ser notificados con anticipación y evitar cortes de servicio erróneos.
