ERC, Junts, Compromís y Podemos impulsan relajar las condiciones para crear grupo propio en el Congreso

ERC, Junts, Compromís, Podemos y BNG plantean rebajar los requisitos del Reglamento del Congreso para facilitar la creación de grupos parlamentarios propios.

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Diputados de Esquerra Republicana (ERC), Junts, Podemos, Compromís y BNG han presentado en el Congreso una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Baja con el objetivo de flexibilizar las exigencias actuales para poder constituir un grupo parlamentario propio.

La iniciativa se centra en la modificación del artículo 23 del Reglamento, que hoy en día fija que sólo pueden formar grupo parlamentario quienes alcancen un mínimo de 15 escaños o bien superen los cinco diputados y obtengan un 5% de los sufragios en el conjunto del Estado o un 15% en todas las circunscripciones en las que se han presentado.

Con la reforma planteada, ERC, Junts, Compromís, Podemos y BNG proponen retocar exclusivamente ese precepto para rebajar del 5 al 3% el umbral de voto estatal necesario para disponer de grupo propio, y del 15 al 10% el porcentaje exigido en las provincias donde concurren.

Actualizar un Reglamento de 1982

En el texto registrado, recogido por Europa Press, los promotores de la propuesta subrayan que esta modificación es clave para que el Reglamento del Congreso garantice un marco de participación parlamentaria que refleje mejor la pluralidad política expresada en las urnas.

Argumentan que la configuración del régimen de los grupos parlamentarios, por su impacto directo en la capacidad de iniciativa, la presencia en los órganos de la Cámara, el tiempo de intervención y el ejercicio de las funciones de control, constituye “un elemento relevante” para asegurar que el mandato representativo pueda desplegarse “en condiciones efectivas”.

A su entender, las condiciones vigentes para crear grupos parlamentarios pueden provocar, en determinados casos, “rigideces no siempre acordes con la pluralidad” que se manifiesta en los procesos electorales.

Por este motivo, la reforma pretende “actualizar” el régimen de constitución de grupos parlamentarios con la finalidad de “favorecer una proyección más plena” de la participación política de la ciudadanía a través de sus representantes y del pluralismo en la organización y el funcionamiento internos del Congreso, así como “reforzar la coherencia del marco reglamentario” en vigor.

Al inicio de cada legislatura, es frecuente que las formaciones de menor tamaño se enfrenten a dificultades para alcanzar las cifras de diputados y los porcentajes de voto que marca el Reglamento para disponer de grupo propio, lo que ha llevado en ocasiones a que los grandes partidos cedan temporalmente algunos de sus escaños. Una vez logrado el número de diputados requerido, deja de ser determinante el porcentaje de sufragios. En cualquier caso, cualquier fórmula debe recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, algo que depende en gran medida de las mayorías existentes en ese órgano.

Préstamo de diputados del PSC y de los comuns

En la legislatura actual, ni ERC ni Junts alcanzaban por sí solos los requisitos fijados en el Reglamento de 1982 y se vieron obligados a recurrir a préstamos de parlamentarios del PSOE y de Sumar: cuatro diputados del PSC se integraron temporalmente en el grupo de Junts y dos de En Comú se sumaron provisionalmente al de Esquerra.

Tras el visto bueno de la Mesa del Congreso a la constitución de los grupos, aceptando esos préstamos gracias a la mayoría que PSOE y Sumar obtuvieron tras sus acuerdos con ERC y Junts, los diputados del PSC y de En Comú regresaron a sus respectivos grupos.

Contar con grupo propio implica importantes ventajas políticas, económicas y de recursos. Quien lo logra dispone de voz diferenciada en todos los debates y asegura al menos un representante en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, además de una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. En el plano económico, tener grupo asegura un volumen mayor de subvenciones y el cobro de las ayudas por el ‘mailing’ electoral.