Este martes, Esquerra Republicana (ERC) se encuentra ante el Pleno del Congreso para defender una nueva proposición de ley que busca introducir un impuesto a los propietarios de tres o más viviendas. Este movimiento supone un desafío directo al PSOE, en medio de tensiones continuas relacionadas con la crisis habitacional, especialmente tras el anuncio de separación por parte de Junts.
La iniciativa legislativa de ERC coincide con la reactivación de una normativa para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, impulsada por Sumar y otros aliados de izquierda, incluyendo a ERC, que será revisada en la ponencia de la Comisión de Vivienda.
La ley que ERC llevará al debate plantea un impuesto sobre la acumulación de propiedades inmobiliarias de uso residencial, comenzando a aplicarse desde la tercera propiedad. Conforme aumenta el número de inmuebles en propiedad, el impuesto se incrementa, avanzando del 4% al 8% y luego al 12% entre la tercera y la quinta propiedad, respectivamente. Además, se añade un 5% adicional por cada vivienda a partir de la quinta, buscando ‘evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores’, según explicó el grupo liderado por Gabriel Rufián.
En el marco de las reformas fiscales, ERC también propone abolir los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), criticando su actual régimen de ‘práctica exención’ de impuestos y su papel en el financiamiento de viviendas. Paralelamente, sugieren un aumento del tipo impositivo al 21% para las viviendas de uso turístico y un incremento del tipo mínimo del IBI para propiedades no residenciales en manos de grandes propietarios, con el objetivo de fomentar un uso residencial más estable y sostenible.
La portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, Etna Estrems, ha defendido estas medidas destacando la necesidad de un cambio en la política habitacional que ha sido promovida por ‘sucesivos gobiernos españoles’, priorizando el mercado privado y un régimen fiscal favorable a grandes tenedores y usos turísticos de las viviendas. ‘La vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar’, concluyó.