Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado al Gobierno que prorrogue “de manera inmediata y sin interrupciones” el conjunto de medidas que conforman el escudo social, entre ellas la suspensión de desahucios y lanzamientos a personas vulnerables y la protección frente a cortes de suministros esenciales de electricidad, petróleo, gas y agua en los hogares más castigados.
El partido independentista ha presentado distintas iniciativas en el Congreso y en el Senado para instar al Ejecutivo a mantener vigentes estas herramientas y evitar que todo el escudo social caduque el 31 de diciembre de 2025. Según advierten, su expiración podría dejar sin amparo a miles de familias ante el encarecimiento generalizado del coste de la vida y la escalada continuada del precio de la vivienda.
En esta misma línea, Podemos, Bildu y Sumar, socio minoritario del Gobierno, llevan semanas incrementando la presión política para asegurar la continuidad de la moratoria de los desahucios y la extensión extraordinaria de los contratos de alquiler que expiran en los próximos meses.
La mejora macroeconómica no se traduce en bienestar
La formación que lidera Gabriel Rufián subraya que, pese a los buenos datos macroeconómicos, casi el 26% de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, alerta de que la inflación acumulada en los últimos años ha mermado el poder adquisitivo de la clase trabajadora y ha intensificado las dificultades para llegar a fin de mes, en especial en ámbitos básicos como la vivienda, la energía, la alimentación y la movilidad.
“Ante este escenario, el escudo social se ha convertido en un mecanismo relevante de protección frente a situaciones de pobreza extrema, aunque no es suficiente”, sostiene ERC, que a la vez reclama “blindar” estas políticas e integrarlas de forma estructural en el ordenamiento jurídico, evitando que dependan de prórrogas sucesivas vía reales decretos.
Junto a la continuidad de la prohibición de desahucios y de los cortes de suministros, Esquerra exige también al Ejecutivo limitar la actualización de las rentas de alquiler, mantener la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento y culminar la transferencia del ingreso mínimo vital.
Por último, los republicanos catalanes piden una financiación suficiente y estable que permita a Cataluña aplicar estas medidas con garantías. ERC defiende que el acceso a la vivienda, a los suministros básicos y a unos ingresos mínimos no puede quedar sujeto a disposiciones excepcionales, sino que debe reconocerse como un conjunto de derechos sociales fundamentales que el Estado está obligado a garantizar de forma permanente para salvaguardar la cohesión social.