QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Esquerra Republicana (ERC) ha presentado una propuesta en el Congreso para fomentar las modificaciones legislativas necesarias que prohíban la creación, emisión y reproducción de materiales audiovisuales que vulneren el derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria sin el consentimiento explícito de estas o sus allegados.
La formación política expone esta medida en una proposición no de ley que busca la protección del derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las afectadas, propuesta para su discusión en la Comisión de Igualdad del Congreso.
En el documento, que ha sido difundido por Europa Press, ERC también sugiere la necesidad de evitar la participación de individuos condenados por estos crímenes en dichas producciones audiovisuales, a menos que cuenten con la autorización expresa de las víctimas o sus familiares.
En la justificación de la proposición, ERC menciona el aumento de documentales y series del género ‘true crime’, que se centran en crímenes de gran impacto mediático. Resalta casos como el asesinato de Gabriel Cruz o el llamado caso del ‘Rey del cachopo’.
«Este fenómeno, aunque algunos interesados defiendan que se encuentra amparado por el derecho a la información y a la libertad de creación audiovisual, plantea graves dilemas éticos, sociales y jurídicos», advierte ERC. Consideran que la «explotación mediática del sufrimiento de las familias, sin su consentimiento ni participación, constituye una forma de revictimización secundaria», reconocida tanto por la legislación española como por entidades internacionales como la ONU o el Consejo de Europa.
ERC argumenta que la cobertura detallada de crímenes ya resueltos y notificados debilita el derecho a la información, y que la exposición detallada de estos actos puede dañar seriamente el honor, la intimidad y la imagen de las víctimas, llegando a interferir en sus derechos fundamentales.
«La situación actual deja a las familias en una posición de desamparo: pese a reconocerse en abstracto sus derechos, en la práctica la ponderación judicial tiende a favorecer la libertad de expresión e información, mientras que los límites vinculados al respeto a las víctimas son difusos, difíciles de probar y de aplicación tardía», afirma ERC. Por ello, considera esencial «dar un paso firme desde las instituciones para establecer garantías legales específicas» que aseguren el derecho de las víctimas y sus familiares a decidir sobre la producción y difusión de estos contenidos. «Solo así se evitará que se encuentren, sin previo aviso ni consentimiento, con relatos que reabren heridas y convierten el dolor humano en objeto de consumo mediático», concluyen.
