España ha registrado desde el año 2023 un total de 2.349 solicitudes de protección internacional de personas de origen palestino, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Ejecutivo ofrece estos datos sobre las peticiones de asilo de población palestina al contestar a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, que le insta a “agilizar los trámites”, para evitar que los solicitantes queden “en un limbo de trámites interminables, burocracia, retrasos e infinidad de requisitos imposibles de cumplir”.
En cuanto a las solicitudes de protección internacional registradas por personas palestinas, el Gobierno precisa que en 2023 se contabilizaron 208, frente a las 163.434 correspondientes al resto de nacionalidades. En 2024 se registraron 963 frente a 166.786, y en 2025, hasta el 30 de septiembre, se han tramitado 1.178 frente a 107.432.
Asimismo, subraya que los expedientes de personas de nacionalidad palestina presentan una tasa de reconocimiento de protección internacional especialmente alta. En 2024, la tasa de concesión para población palestina se situó en el 89,885%, frente a una media general del 18,52% para el conjunto de solicitantes.
El Gobierno añade que las peticiones formuladas por nacionales de Palestina han tenido en los dos últimos años una tasa de admisión muy elevada: del 99,12% en 2023 y del 99,30% en 2024. Por el contrario, las resoluciones desfavorables se situaron en el 15,84% en 2023 y en el 2,19% en 2024.
Por último, sobre los plazos de resolución de los expedientes, el Ejecutivo señala que “la duración media del procedimiento de reconocimiento de la protección internacional en España no es un dato cerrado ni concreto”.
“Esto se fundamenta en el carácter individualizado de cada caso, estando por tanto la tramitación de cada expediente sujeta a fuertes variaciones relacionadas tanto con la nacionalidad del solicitante como con las circunstancias concretas de cada caso a nivel individual, que pueden precisar entrevistas adicionales, adopción de medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado en casos de vulnerabilidad o solicitud de información procedente de otros organismos que pueda demorarse en exceso”, concluye.