La presidenta de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Ana Ercoreca, ha expresado su descontento con el incremento del 11,4% en los salarios de los empleados públicos proyectado desde 2025 hasta 2028. Este acuerdo, alcanzado entre el Gobierno, CSIF y UGT, ha sido tildado por Ercoreca de “fraude de ley” debido a que se extiende más allá del periodo legislativo actual, y ha señalado que al ignorar el IPC real, el aumento será ineficaz.
Desde 1982, el poder adquisitivo de los funcionarios ha disminuido en más del 44%, según Ercoreca. A pesar de las subidas previas, estas no reflejan la inflación real. Además, recordó la eliminación de una paga extra en 2010, que representó una pérdida significativa de más de 14.000 euros para los empleados públicos. “Si la subida no tiene en cuenta el IPC real, esa subida no será real, no será objetiva y supondrá una pérdida del poder adquisitivo”, insistió.
La presidenta también destacó que factores como la volatilidad de los precios energéticos y los costes de vivienda y alquiler deben ser considerados al ajustar los salarios. Esto es especialmente relevante para los jóvenes que entran por primera vez en la Administración Pública y que suelen enfrentar alquileres elevados en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Por otro lado, Ercoreca ha valorado de manera positiva la reducción de los tiempos de espera en las ofertas de empleo público, aunque ha mostrado preocupación por la promoción vertical en la Administración, que a su juicio, debería basarse en “la excelencia, en el principio de igualdad, mérito y capacidad”. Finalmente, ha advertido sobre el envejecimiento de la plantilla de funcionarios y la necesidad de renovar la Administración Pública ante un futuro con numerosas jubilaciones.











