La fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado (FGE), Beatriz Sánchez, ha remarcado este viernes la necesidad de que toda la actuación judicial en materia de trata de seres humanos se articule desde un enfoque centrado en la víctima. A su juicio, las resoluciones penales más severas pierden sentido si, durante la tramitación del procedimiento, se termina causando un nuevo daño a quienes han sobrevivido a la explotación.
“De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente, a la testigo que ha tenido que pasar por un proceso infame”, ha asegurado Sánchez durante la conferencia temática sobre “La trata de mujeres y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad: orientaciones para una intervención efectiva”, organizada por la Fundación CERMI Mujeres en el Congreso de los Diputados.
En su intervención, ha incidido en que las mujeres y niñas con discapacidad sufren obstáculos añadidos por su situación de especial vulnerabilidad, las dificultades de comunicación o la dependencia de familiares y cuidadores que, en algunos casos, ha indicado que son precisamente quienes las explotan. Por este motivo, ha reclamado que se refuercen las investigaciones y se reúnan pruebas sólidas que no descansen únicamente en el testimonio de la víctima.
“Que no podemos solamente contar con la declaración de la víctima, que tenemos que esforzarnos, agotar las investigaciones para tener un acervo probatorio que corrobore esos indicios que nos da la víctima o la superviviente. No podemos ir solo con la declaración de la víctima, porque ya estamos observando que, muchas veces, en base a ese principio de presunción de inocencia o in dubio pro reo, nos quedamos sin prueba en este sentido”, ha explicado.
La fiscal ha abordado también las dificultades específicas de los casos de explotación sustentados en vínculos afectivos, el denominado método “Loverboy”, basado en la captación a través del engaño emocional o sentimental. Este patrón, ha advertido, complica aún más la detección y la protección de las víctimas, y exige una respuesta coordinada entre fuerzas de seguridad, servicios sociales y sistema sanitario.
“Y evidentemente, para ellas, en muchas ocasiones, identificar que lo que hay detrás de esa relación que se supone afectiva es una forma de captación y explotación es verdaderamente difícil”, ha señalado.
Para garantizar una atención adecuada, Sánchez ha insistido en la importancia de contar con herramientas accesibles y con apoyo especializado durante todo el proceso judicial: materiales en lectura fácil, figuras de tutores y facilitadores que permitan a la víctima intervenir en la causa sin que ello suponga un riesgo añadido para su estabilidad emocional o psicológica.
Derecho a la protección y atención integral
“TIENEN DERECHO A SER PROTEGIDAS”
En la misma línea, ha recalcado que las personas sometidas a trata, “cualquiera que sea su situación, tienen derecho a ser protegidas, aun cuando no formen parte de un procedimiento judicial, aun cuando no puedan facilitar datos para favorecer ese procedimiento, porque son víctimas”.
También ha recordado que “La trata de mujeres con discapacidad no solo constituye una forma de violencia extrema, sino que verdaderamente está agravada por la discriminación estructural y por el olvido y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y la sociedad”, ha afirmado Sánchez.
Por ello, ha pedido un “especial esfuerzo” para localizar a las víctimas, garantizar su protección efectiva y “en verdaderamente tener un modelo estructurado de ayuda y asistencia integral hasta su total recuperación, porque lo que han sufrido es verdaderamente una ausencia de derechos”.
Reclamo de recursos específicos y personal formado
CENTROS ESPECIALIZADOS, “LO DESEABLE”
En otro momento de su intervención, ha reiterado la conveniencia de contar con centros especializados y adaptados para mujeres y niñas con discapacidad que hayan sufrido trata. Ha admitido que “el número de víctimas identificadas y detectadas a lo mejor no permite que existan estos centros especializados”, pero ha subrayado que “sería lo deseable e imprescindible”.
Mientras no se disponga de estos recursos específicos, Sánchez ha instado a formar al personal de los dispositivos de atención ya existentes, de modo que estén capacitados para detectar posibles casos de trata y responder de forma adecuada a las necesidades de estas víctimas.