El Tribunal de Cuentas ha identificado «debilidades relevantes» en múltiples aspectos de la gestión del plan destinado a la modernización de la Formación Profesional en España. Entre los puntos críticos se encuentran la gobernanza, la coordinación y el seguimiento de los resultados, así como la ejecución de ciertas subvenciones.
Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del Plan Estratégico de Impulso y Modernización de la Formación Profesional (PEIFP), que forma parte del PRTR y cuenta con una asignación económica de 1.892 millones de euros. El informe cubre diversas etapas del plan, desde la planificación y ejecución hasta el control y la evaluación de las acciones implementadas entre 2021 y 2024, así como la administración de los fondos públicos destinados a dicho plan.
El documento destaca que, aunque se han mejorado las capacidades administrativas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la planificación estratégica «se aprobó con retraso, con objetivos poco estructurados», y los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles administrativos han sido insuficientes.
El seguimiento de los objetivos y metas del PEIFP ha mostrado una «ejecución desigual», con variaciones significativas entre las comunidades autónomas y con algunos compromisos sobrecumplidos, mientras que otros presentan un bajo nivel de logro y un alto riesgo de incumplimiento, especialmente en dos de las acciones de mayor financiación.
Al concluir 2024, el Ministerio había logrado ejecutar el 82% de los 335 millones de euros que gestionaba directamente, dejando sin gastar cerca de 60 millones de euros. Por otro lado, las comunidades autónomas habían ejecutado aproximadamente el 56% de los 1.557 millones de euros recibidos en transferencias, aunque el plazo para utilizar estos fondos aún permanece abierto.
Además, el informe revela deficiencias en los sistemas de control interno y en la gestión de subvenciones, resaltando retrasos en la justificación, un alto número de devoluciones voluntarias, y la falta de liquidación de intereses de demora, sin que se hayan realizado reintegros formales de hasta 7 millones de euros aún pendientes de devolución.
Finalmente, se critica la ausencia de indicadores adecuados para medir la eficacia y el impacto del plan, dificultando así la evaluación precisa de su influencia en la mejora del sistema de Formación Profesional y su contribución a los objetivos de transformación digital, sostenibilidad y empleabilidad. El Tribunal concluye con una serie de recomendaciones destinadas a mejorar la coordinación, la gestión de riesgos, los controles internos y los sistemas de seguimiento.