El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha subrayado este viernes que están "trabajando mucho, cada uno desde su lugar" para "el reconocimiento y la reparación" de las personas que han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica.
"Estamos trabajando mucho, cada uno desde su lugar, desde sus competencias, para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica", ha señalado Gabilondo en el Congreso, en declaraciones a los medios de comunicación durante el Acto de Homenaje a Francisco Fernández Marugán, fallecido el pasado 30 de diciembre de 2025.
Este mensaje llega después de que este jueves se conociera que el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo continúan "ultimando" el convenio de colaboración para poner en marcha el sistema de reparación a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación.
Aunque se esperaba que la rúbrica se produjera este jueves, finalmente no se llevó a cabo porque todavía están "ultimando los detalles" del texto, de acuerdo con las mismas fuentes.
Desde el ámbito eclesial, otras fuentes consultadas por Europa Press apuntan que siguen "trabajando en el texto del protocolo" y que "cuando terminen los trabajos, se firmará".
El convenio debía haberse formalizado en febrero, tal y como recogía el acuerdo suscrito el 8 de enero de 2025 entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Gobierno, que establecía un sistema mixto Iglesia-Estado para la reparación de las víctimas de abusos en el entorno eclesial.
En dicho documento se establecía que, para hacer efectivo el acuerdo, la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían firmar "un convenio de colaboración" al "mes siguiente" a la adopción del acuerdo, es decir, en febrero. A partir de esa firma comenzaría a computar el plazo de un año, prorrogable a dos, para que las víctimas presentaran sus solicitudes de indemnización.
"A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo", rezaba el texto firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.
Ya en febrero, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes explicaron a Europa Press que seguían "trabajando" en la redacción de dicho convenio.
Conforme a lo pactado, una vez se firme el documento, las víctimas dispondrán de un plazo de un año, prorrogable hasta dos, para registrar sus solicitudes de reparación.
El acuerdo precisa también que el convenio que se está negociando deberá incorporar la opinión de las víctimas y fijará "el estatuto básico" de estas, en lo relativo al procedimiento y a la estructura para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas vías de reparación integral. Entre ellas se incluyen medidas de carácter restaurativo y simbólico; la atención psicológica o psiquiátrica, que podría extenderse a sus familiares, y la reparación moral.
Víctimas de abusos en otros ámbitos
El propio acuerdo en el que se enmarca este mecanismo de reparación indica que su desarrollo "se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social".
En relación con este aspecto, la Conferencia Episcopal Española considera que el Ejecutivo "se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia".
El pasado 8 de enero, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo celebrada en el Ministerio de Justicia, el presidente de la CEE, Luis Argüello, afirmó que se "abre la perspectiva para que el desarrollo" de la LOPIVI, "pueda llegar en procesos de reparación a otros ámbitos de la sociedad".
En esa misma comparecencia, el ministro Bolaños recalcó que "en este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica". "Obviamente, el compromiso del Gobierno con los abusos a menores es un compromiso que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley del año 2021 de protección de la infancia y la adolescencia. Pero este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera", insistió.
El acuerdo prevé igualmente que la CEE y la CONFER mantengan su propio sistema de reparación mediante la comisión asesora del PRIVA, el organismo que comenzó a funcionar en 2024 y que continuará con su labor en paralelo al mecanismo mixto Iglesia-Estado.