El Ejecutivo ha pedido al Congreso organizar las sesiones extraordinarias necesarias en julio para lograr la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que se vio obstaculizada en la Comisión de Transportes debido a la crisis política desatada por el caso ‘Koldo’ y las dudas de Podemos respecto al contenido de la ley.
La propuesta legislativa había avanzado en el Congreso durante la fase de ponencia, un momento inicial del proceso donde los grupos políticos se reúnen a puerta cerrada para realizar ajustes iniciales al texto mediante enmiendas.
Normalmente, este proceso se solventa en una sola sesión, pero la elevada cantidad de enmiendas presentadas y las discrepancias entre los grupos hicieron necesario convocar hasta tres sesiones, donde se aceptaron más de 130 enmiendas.
Una de las modificaciones importantes propuestas durante esa fase fue una iniciativa de Sumar para que el nuevo diseño concesional de paradas de autobuses estatales se acuerde con las comunidades autónomas y que el Estado compense económicamente en las paradas que sean eliminadas.
LA COMISIÓN QUE IBA A APROBARLA SE DESCONVOCÓ A ÚLTIMA HORA
La Comisión de Transportes, que debía discutir el proyecto de ley el 18 de junio, fue cancelada inesperadamente por la creciente tensión política, exacerbada por recientes acusaciones de corrupción contra los exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Según fuentes de la comisión, la actual situación política fue clave para la cancelación de la sesión, especialmente porque la ley está vinculada al Ministerio de Transportes, anteriormente dirigido por Ábalos.
Además, Podemos, cuyo apoyo es crucial en el Pleno, actualmente critica el texto emanado de la ponencia por no cumplir con las exigencias mínimas de los grupos ecologistas ni asegurar el transporte público gratuito.
Ante esta situación, el Gobierno ha enviado una solicitud al Congreso, revelada por Europa Press, para habilitar en julio las sesiones parlamentarias extraordinarias ‘que sean necesarias’ para debatir y aprobar la ley, esencial para la llegada de 10.000 millones de euros en fondos europeos a España.
Fuentes parlamentarias sugieren que la comisión se convoque el 8 o el 10 de julio y que el debate plenario se realice el 22 de julio. Aunque se espera que la comisión apruebe la ley sin mayores contratiempos, el Pleno presenta más desafíos, ya que Podemos ha expresado que ‘no se dan las condiciones’ para respaldar el texto, lo que obligará al Gobierno a esforzarse para ganar su apoyo.
La ley proviene de la legislatura anterior, donde fue aprobada por el Consejo de Ministros y comenzó su tramitación en el Congreso. Sin embargo, un adelanto electoral impidió su completa tramitación.
En este contexto, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, retomó el mismo texto y se comprometió a que estuviera vigente antes de finales de 2024. A pesar de esto, la compleja situación política en el Congreso ha ralentizado la aprobación de la ley.
Entre las medidas incluidas en la ley, se encuentra la realización de un estudio por parte del Gobierno para revisar las etiquetas medioambientales de la DGT, añadiendo las emisiones de CO2 como un criterio adicional. Además, se contempla una medida, promovida por Junts, para otorgar beneficios fiscales al Mobile World Congress (MWC) y asegurar su permanencia en Barcelona.