QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha registrado este martes en el Congreso un escrito de disconformidad para frenar la tramitación de una enmienda del PP aprobada en el Senado, que planteaba una rebaja del IVA para carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación estaba prevista para este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.
El Ejecutivo ya había tratado de bloquear en la Cámara Alta esa enmienda incorporada a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, apelando a la facultad que la Constitución otorga al Gobierno para vetar cualquier iniciativa legislativa que suponga “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”.
La propuesta fija que, entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de ese mismo año, el IVA de carnes, pescados y conservas se reduzca al 4%, y que se suprima completamente este impuesto para leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres durante ese mismo periodo. El Ejecutivo argumentó que la aplicación de esta medida implicaría una merma de recursos para la Administración General del Estado cifrada en 3.780 millones de euros.
El Senado ignoró el veto del Ejecutivo
Pese a ese intento de bloqueo, la Mesa del Senado, controlada por el PP, decidió no atender el escrito de disconformidad del Gobierno. De este modo, la enmienda continuó su tramitación ordinaria en la Cámara Alta sin obstáculos y acabó recibiendo el visto bueno del Pleno.
La iniciativa ha llegado ahora al Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a plantear el veto sobre la misma enmienda, insistiendo en los mismos argumentos de impacto presupuestario. Este nuevo escrito de disconformidad debe ser examinado y respaldado por la Mesa del Congreso, en la que en esta legislatura tienen mayoría PSOE y Sumar.
La Mesa de la Cámara Baja tiene previsto abordar esta cuestión en una reunión convocada para este mismo martes por la noche, una vez concluida la sesión plenaria.
En la actual legislatura, el Congreso ya ha vetado en varias ocasiones enmiendas procedentes del Senado, como ocurrió con la Ley de desperdicio alimentaria o con la Ley de navegación aérea. En ambos supuestos, la Cámara Alta promovió un conflicto de atribuciones que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional.
