QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el grupo de los Comunes ha hecho un llamado al Gobierno para que ‘por su evidente interés público’ revele los datos confidenciales relacionados con la supuesta conexión entre Koldo García, ex consejero de José Luis Ábalos e investigado por presuntamente beneficiarse de una red corrupta dentro del Ministerio de Transportes, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Gerardo Pisarello, diputado de los Comunes y primer secretario de la Mesa del Congreso, ha presentado una serie de interrogantes al Gobierno acerca de las distinciones, relaciones institucionales y supuesta protección de algunos comandantes policiales hacia Koldo García, quien fue indultado por el Gobierno de José María Aznar y condecorado por el ministro Juan Ignacio Zoido justo antes del final del mandato de Mariano Rajoy.
Pisarello insta al Gobierno de coalición a clarificar las noticias difundidas en varios medios que describen a Koldo García como posible colaborador de la Guardia Civil. Las preguntas formuladas buscan esclarecer el papel que pudieron jugar altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la concesión de la Cruz Blanca de la Orden del Mérito a García en 2018, los méritos invocados para tal honor y las comunicaciones, tanto oficiales como no oficiales, que se mantuvieron con el exasesor entre 2018 y 2023.
UN PROBLEMA DE CONFIANZA INSTITUCIONAL
Según un informe de Europa Press, las investigaciones judiciales y los reportes policiales indican que durante la pandemia operó una organización criminal que logró contratos públicos a cambio de sobornos millonarios, y se señala la ‘penetración institucional’ lograda por la red ‘gracias a los vínculos de García con mandos policiales y militares’, destacados por el mismo investigado en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales.
‘La existencia de estos vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el que podría ser el principal corruptor de la red y miembros de las FCSE genera un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática, más aún cuando buena parte de esa información está protegida bajo la Ley de Secretos Oficiales, al tratarse de relaciones con miembros del servicio’, afirmó Pisarello.
El diputado de Sumar ha expresado que el público merece saber ‘si hubo protección institucional encubierta y si se utilizaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas por parte de quien hoy es el centro de un escándalo político de gran magnitud’.
