Los diputados de IU integrados en Sumar, Enrique Santiago y Juan Antonio Valero, han registrado este jueves en el Congreso varias preguntas dirigidas al Gobierno para que depure responsabilidades por las “numerosas falsedades” que, según denuncian, el Ministerio del Interior remitió en febrero a la Cámara sobre la muerte de Hitam Mejri el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos (Málaga), tras una intervención de la Policía Nacional en la que se emplearon dispositivos táser y otros medios de contención.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, subrayan que el fallecimiento se produjo después de una parada cardiorrespiratoria en el transcurso de una actuación policial originada por un aviso que alertaba de un presunto robo con violencia.
De acuerdo con la versión policial, cuando los agentes llegaron al establecimiento el ciudadano marroquí se hallaba retenido en el interior y presentaba un fuerte estado de agitación, por lo que fue reducido mediante el uso de pistolas táser. Tras la intervención, entró en parada cardiaca y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, murió en el propio local. Su familia sostuvo entonces que la intención del fallecido no era robar y tildó la actuación de los agentes de “desproporcionada”.
El Gobierno defendió que “se cumplieron escrupulosamente las directrices”
Después de conocerse el suceso, los parlamentarios de IU registraron el 11 de diciembre varias preguntas al Ejecutivo para aclarar los protocolos de actuación de los agentes implicados, si el uso de los dispositivos eléctricos se ajustó a la normativa, si esos funcionarios contaban con formación específica para su manejo y si Interior había abierto una investigación interna sobre lo ocurrido.
En su contestación por escrito, remitida en febrero, el Ministerio del Interior afirmó que los policías actuantes “cumplieron escrupulosamente” las directrices generales para la utilización del táser, que la descarga fue “por contacto, que es la menos lesiva”, y que se aplicó en “hombro y pierna”.
Asimismo, Interior sostuvo que la intervención se adecuó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, en el contexto de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y que “desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes”.
Los vídeos reavivan las dudas sobre la actuación policial
Sin embargo, IU ha puesto en cuestión esta versión tras la difusión de los vídeos de los hechos de diciembre, publicados por eldiario.es, cuyas imágenes reflejan que los agentes efectuaron al fallecido numerosas descargas en la zona lumbar, además de golpearle y mantenerle reducido durante varios minutos.
Los diputados de Sumar reprochan al Ejecutivo de coalición que la adecuación de la actuación policial a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que Interior defendió en febrero “no coincide con lo que se aprecia en las imágenes” conocidas ahora, y que la aseveración de que la víctima “desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes” sería “presuntamente falsa”, dado que en los vídeos se escucha al hombre manifestar que quería “colaborar” y “no quería morir”.
IU también centra sus críticas en otro de los puntos de la respuesta gubernamental, en la que se señalaba que los agentes habían superado un curso formativo específico. A partir de este dato, la formación sostiene que, teniendo en cuenta esa preparación, “se podría concluir que no ha habido imprudencia, sino una actuación conscientemente dolosa con resultado de muerte”.
A la vista de la incoación de una actuación por parte de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, de la elaboración de un informe técnico-policial por la Policía Científica y de que los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, los diputados reclaman ahora al Gobierno que aclare si considera que la intervención policial fue correcta y se ajustó a la legalidad vigente y si los informes emitidos avalan la actuación de los agentes.
Además, preguntan si el Ejecutivo prevé abrir un procedimiento disciplinario y suspender provisionalmente de servicio a los policías implicados, qué medidas adoptará para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la “veracidad y exactitud debidas evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos” y si exigirá responsabilidades a quienes redactaron la contestación de febrero, “considerando las numerosas falsedades que contiene”.