Enrique Santiago, portavoz de IU y diputado por Sumar en el Congreso, ha sugerido este lunes aprovechar el excedente de más de un millón de viviendas desocupadas en España para abordar la actual escasez de oferta habitacional.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Santiago expuso esta idea previo a la sesión en la que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, delineará el miércoles en la Cámara Baja el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El legislador ha calificado de “insuficiente” dicho plan, mencionando que actualmente se requieren hasta 700.000 viviendas en el país, mientras que solo en las siete provincias con mayor población existen aproximadamente 1,1 millones de hogares sin ocupar. Además, ha criticado la presencia de 370.000 apartamentos turísticos en estas áreas, lo cual tilda de “desolador”.
“No podemos estar enfrentando un problema de esta magnitud cuando hay suficiente oferta”, afirmó Santiago. Propone que la solución al déficit de vivienda se base en las estructuras ya existentes y desocupadas.
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Recordó también que durante la burbuja inmobiliaria se construían 600.000 viviendas anuales en España, por lo que considera que el plan gubernamental de cinco años carece de ambición. Criticó que ni la Sareb ni Sepes hayan logrado implementar medidas efectivas para que las viviendas disponibles sean accesibles para la población y destacó la “absoluta desproporción” entre el gasto en defensa y el presupuesto destinado a vivienda.
“No es asumible que estemos ahora mismo dedicando 15.000 millones de euros al año a armamento e incluso nos están la Unión Europea y la OTAN gastar hasta 32.000 millones al año y que el plan de vivienda sean 7.000 millones para cinco años”, subrayó.
Por ello, ha urgido al Gobierno a desarrollar políticas que aseguren la protección de todos los precios, de alquiler y compra, y evitar que estén sujetos a las “ocurrencias” de ciertas administraciones locales o autonómicas.
“Cualquier vivienda pública que se construya o que esté en el parque público no puede ser objeto de especulación como ha ocurrido en demasiadas ocasiones y tiene que permanecer en control público para que pueda tener el uso social que debe tener la vivienda por supuesto”, enfatizó.
Finalmente, Santiago ha remarcado que España podría utilizar los 83.000 millones de euros de fondos europeos aún sin asignar para resolver definitivamente el problema habitacional y ha instado al sector socialista del Gobierno a destinar recursos al plan de alquileres públicos para jóvenes menores de 35 años a precios razonables y a fortalecer las residencias públicas de estudiantes.