Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa para reforzar la Ley de Memoria Democrática y garantizar la retirada de títulos y honores concedidos por el franquismo a sus afines, después de que varias resoluciones judiciales hayan tumbado decisiones de revocación de estas distinciones.
Según detallan en la propuesta, debatida en la Comisión Constitucional, esta situación se ha dado, entre otros, en los casos del escritor José María Pemán y del exministro franquista José Utrera Molina.
El Ayuntamiento de Cádiz retiró a Pemán el título de hijo predilecto otorgado en 1955, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo municipal al entender que el reconocimiento se le concedió por su producción literaria, es decir, por “méritos completamente ajenos” a la exaltación del régimen.
En paralelo, el Tribunal Supremo confirmó otra sentencia del TSJA que invalidó la decisión de la Diputación de Sevilla de suprimir a Utrera Molina la Medalla de Oro de la provincia, concedida en 1969. En ambos fallos, los tribunales concluyen que no se acreditó de forma suficiente que la Medalla de Oro se otorgara por su “participación activa” en el régimen franquista.
Para Izquierda Unida, estas “interpretaciones restrictivas” del alcance de la Ley de Memoria Democrática suponen que los jueces están “priorizando la validez de actos administrativos dictados en el marco institucional del franquismo en detrimento de decisiones adoptadas por corporaciones democráticas”.
La memoria, “rehén de tecnicismos franquistas”
A juicio de IU, se está aplicando una “interpretación estrictamente formal de los acuerdos de concesión” que abre una “preocupante brecha entre el espíritu reparador de la memoria democrática y su aplicación real”, al desligar los honores concedidos “de la trayectoria objetiva de quienes los recibieron” e ignorar “su papel central en la consolidación, legitimación y violencia institucional de la dictadura”.
“Estas resoluciones se apoyan en la literalidad administrativa de los acuerdos originales de concesión de dichos honores, exigiendo que conste de manera expresa que fueron otorgados 'por méritos franquistas', ignorando el contexto histórico en el que se produjeron y la trayectoria objetiva de las personas homenajeadas”, exponen los diputados de la formación.
En su opinión, de este modo no solo se vacía de contenido “el espíritu reparador de la ley”, sino que se introduce una “peligrosa lógica según la cual bastaría con que un reconocimiento se formulara en términos genéricos, 'por méritos culturales, su aportación a la ciudad o por su calidad humana', para quedar blindado frente a cualquier revisión democrática posterior”.
Inseguridad jurídica y cambios legales
De esta forma, la memoria democrática pasa a ser “rehén de los tecnicismos administrativos del franquismo y la Transición” y se “perpetúa la presencia simbólica de la dictadura en el espacio público”, generando además una “profunda inseguridad jurídica” para ayuntamientos y diputaciones que ven cómo decisiones adoptadas en cumplimiento de la ley pueden ser anuladas, “generando un efecto disuasorio que frena la aplicación efectiva de la norma”.
Por ello, IU pretende que el Congreso inste al Gobierno a coordinarse con las administraciones competentes para modificar la Ley de Memoria e incluir de forma expresa que la participación activa en el golpe de Estado de 1936, en la dictadura o en sus estructuras de poder político, militar, judicial, represivo o de legitimación ideológica “hace incompatible el mantenimiento de cualquier honor, distinción o reconocimiento público, con independencia de los motivos formales que consten en su concesión”.
Reclaman también que se incorpore una “presunción legal de ilegitimidad” sobre los honores y distinciones concedidos a quienes ocuparon cargos de responsabilidad, tuvieron una colaboración relevante o una participación activa en el régimen franquista, “de modo que prevalezca el principio de incompatibilidad democrática sobre interpretaciones meramente formales o administrativas”.
Además, proponen que la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática pueda intervenir en los procedimientos judiciales donde se discuta la aplicación de la normativa de memoria, que se habiliten “mecanismos de protección jurídica” para las administraciones que acuerden retirar estas distinciones y que el movimiento memorialista participe en los procesos de revisión de estos títulos.