IU ha pedido al Gobierno que implemente cláusulas de exclusión en los contratos públicos para aquellas empresas que, de manera directa o indirecta, colaboren con la ocupación de territorios palestinos por Israel.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, ha planteado varias preguntas parlamentarias al Gobierno para saber si planea implementar esta medida.
En sus peticiones, Santiago cita que en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania son una violación al derecho internacional, exigiendo su cese y la evacuación de los colonos.
Además, recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023 exhortó a los estados a «abstenerse de cualquier medida que pueda implicar reconocimiento, apoyo o asistencia a la ocupación de territorios».
Sin embargo, Santiago señala que varias empresas, incluidas algunas españolas, han sido «señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes en territorios ocupados de Palestina», obteniendo beneficios económicos de dichas actividades.
«La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional», argumenta Santiago.
Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han solicitado medidas contra estas empresas involucradas en los asentamientos ilegales.
Santiago lamenta que, pese a las resoluciones internacionales, estas empresas sigan participando en licitaciones públicas en España. Recuerda casos como el de Irlanda, donde su Oficina de Contratación Gubernamental ha establecido directrices para verificar la implicación de empresas en violaciones del derecho internacional y, en su caso, excluir su participación en licitaciones.
Además, menciona el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que decide excluir de sus procesos de contratación pública a las empresas listadas en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas en asentamientos ilegales israelíes en territorio ocupado de Palestina.
«La inclusión de estas cláusulas en los procesos de contratación públicos de la Administración General del Estado permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, alinear la política pública con las resoluciones de la Corte Internacional y garantizar que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio», sostiene Santiago.
Por ello, interroga al Gobierno sobre sus planes de aplicar dichas cláusulas y solicita información sobre los plazos para su implementación.