Este martes, Junts presentará en el Congreso una iniciativa para promover un cambio legislativo que facilite la quema “controlada y responsable” de residuos vegetales en áreas rurales durante periodos de bajo riesgo de incendios. El propósito es optimizar la gestión de residuos agrícolas y forestales y aligerar las cargas administrativas y financieras que pesan sobre los agricultores y los municipios pequeños.
Se debatirá una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura, mediante la cual el partido liderado por Miriam Nogueras solicita al Gobierno una modificación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada en 2022 por la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Desde Junts se critica que la normativa vigente ha impuesto “restricciones significativas a la quema de restos vegetales”, afectando severamente al sector agrario y forestal, sobre todo en zonas rurales. AHORA HAY QUE PEDIR PERMISO PARA LA QUEMA CONTROLADA. Según el artículo 27.3 de la ley actual, la quema de estos residuos generalmente no está permitida, excepto en pequeñas y microexplotaciones agrarias que dispongan de la autorización correspondiente de las comunidades autónomas, ya sea por motivos fitosanitarios o para prevenir incendios.
Para Junts, esta situación se traduce en una “prohibición generalizada” que eleva los costos de gestión a niveles que pueden comprometer la viabilidad de las explotaciones y añade cargas administrativas excesivas. El partido argumenta que permitir la quema controlada bajo condiciones seguras y supervisadas puede disminuir el riesgo de incendios, mejorar la fertilidad del suelo y la sostenibilidad económica de las explotaciones.
En este contexto, la proposición no de ley de Junts, reportada por Europa Press, busca establecer un marco normativo “proporcionado y realista” que autorice la incineración responsable de residuos vegetales en condiciones seguras.