El partido Junts ha comunicado que varios municipios catalanes con administraciones independentistas podrán beneficiarse de las ayudas estatales para el transporte público urbano, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para modificar la Ley de Movilidad Sostenible y expandir el catálogo de localidades elegibles.
El acuerdo implica una enmienda transaccional que será debatida y sometida a votación este jueves en el Pleno del Congreso, con el objetivo de modificar el artículo 59 de la mencionada ley y, por ende, incrementar el número de beneficiarios.
SE REDUCE LA EXIGENCIA DE INMUEBLES CENSADOS
La reforma propuesta por Junts disminuye el requisito de 36.000 inmuebles censados a 27.000, permitiendo así la inclusión de 19 nuevos municipios catalanes como Vic, Olot, Igualada, Vila-Seca y Figueres, todos con gobiernos de mayoría independentista. Este ajuste normativo beneficiará también a otros municipios de España, aunque no se mencionan específicamente.
«Esta modificación permite que la ley se adapte mejor a la estructura urbana de Cataluña, caracterizada por un gran nombre de ciudades medianas repartidas por el territorio, que quedaban fuera de estos fondos», explicó el partido de Carles Puigdemont.
La decisión final sobre la aprobación de la ley y la enmienda de Junts se tomará el jueves en el Congreso, y posteriormente el texto será enviado al Senado. La votación promete ser ajustada, con la oposición de partidos como Podemos, PP y Vox, y el Gobierno busca alternativas para asegurar la aprobación del proyecto.