Junts ha ratificado este miércoles su “firme” oposición al decreto ley de prórroga de alquileres promovido por Sumar y ha registrado en el Congreso una propuesta de rebajas fiscales que incluye una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual, con un límite máximo de 11.630 euros al año.
La formación ha presentado una proposición no de ley con esta medida, que define como un “plan de choque” en materia de vivienda y que, en la práctica, supone una enmienda a la totalidad del decreto sobre la prórroga de alquileres impulsado por Sumar, el cual deberá someterse a una votación definitiva en el Congreso el próximo 28 de abril.
El planteamiento de Junts pasa por “devolver a los ciudadanos” lo que considera un “exceso de recaudación”, al entender que el Estado se está aprovechando del aumento de los precios para incrementar sus ingresos fiscales mientras trabajadores y autónomos ven mermado su poder adquisitivo.
QUE EL ESTADO DEVUELVA EL DINERO A LOS CIUDADANOS
“El Estado debe devolver el dinero a los ciudadanos”, sostienen fuentes de la formación, que argumentan que las rebajas de impuestos son la única herramienta realmente eficaz frente a los controles de precios que, según su postura, únicamente consiguen reducir la oferta de viviendas en alquiler.
Junts, que presenta su propuesta “como la alternativa real a las políticas del Gobierno”, demanda además en su iniciativa una modificación del Código Civil para que los deudores hipotecarios puedan saldar su deuda por el mismo importe por el que la entidad financiera la haya vendido a un tercero, y para que la vivienda de una persona mayor siga considerándose su vivienda habitual aunque pase a vivir en una residencia, evitando así que Hacienda le aplique un castigo fiscal en caso de venta.
Asimismo, la formación propone establecer incentivos fiscales para la rehabilitación de inmuebles. El partido subraya que, con este paquete de medidas, pretende impulsar una política de vivienda que no traslade la responsabilidad pública a los propietarios privados y reclama una gestión “equitativa y sostenible” que garantice el derecho a la vivienda sin “asfixiar fiscalmente a la ciudadanía ni desincentivar el mercado.