Junts someterá el próximo martes a votación en el Pleno del Congreso su proposición de ley para prohibir el uso del burka y traspasar a la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de inmigración, según figura en el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press.
La iniciativa de Junts se articula en un único artículo, en el que se establece que quedará vetado el uso en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran “total o sustancialmente” el rostro e impidan la identificación de la persona. El texto cita de forma expresa el niqab y el burka, aunque se formula con carácter general para cualquier elemento que oculte la cara.
La propuesta precisa asimismo que, cuando sea necesario para fines de identificación o por motivos de seguridad, la persona deberá descubrirse el rostro de manera momentánea ante la autoridad o el personal habilitado, “en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación”.
Aunque la norma no incorpora un régimen sancionador, sí prevé excepciones en supuestos de salud “debidamente acreditados”, obligaciones laborales o de prevención de riesgos, así como en actividades culturales, festivas o tradicionales, “cuando no concurra riesgo para la seguridad pública”.
Justificación de la prohibición del velo integral
En la exposición de motivos, Junts sostiene que determinadas prendas que cubren por completo el rostro pueden funcionar como un “instrumento de invisibilización de la mujer” en el espacio público y transmitir un mensaje “incompatible” con la igualdad real entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, defiende que la identificación personal constituye un “elemento básico para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y para la garantía de la seguridad ciudadana”.
La formación remarca que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa concreta y que parte del reconocimiento de la libertad religiosa. No obstante, recuerda que “ningún derecho es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad”.
En este sentido, argumenta que “resulta éticamente incoherente que sociedades democráticas expresen solidaridad con mujeres que, en otros países, se juegan la vida para 'desvelarse' y reclamar su derecho a existir como ciudadanas plenas, y que simultáneamente legitimen, en el propio espacio público, símbolos de ocultación integral presentándolos como mera 'diversidad'”.
Reclamación de nuevas competencias para Cataluña
Además de la prohibición del velo integral, la proposición incorpora una disposición adicional por la que se reclama al Gobierno central que formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.
En concreto, el texto insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, asumir funciones de control fronterizo —incluida la aplicación de la normativa sobre devolución de personas extranjeras— y expedir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana.
Junts fundamenta esta cesión competencial en el artículo 150.2 de la Constitución y la vincula a la necesidad de dotar a Cataluña de un marco propio en el ámbito de la seguridad.