La norma para poner en marcha la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, impulsada en su momento por la vicepresidenta Nadia Calviño y que llevaba un año bloqueada en las Cortes, ha desaparecido del paquete de reformas legislativas con las que el Gobierno se comprometió ante Bruselas para recibir fondos europeos del Plan de Recuperación. Este cambio supone que su aprobación definitiva se torne ahora más incierta.
Dentro de las reformas acordadas con la Comisión Europea para acceder a los desembolsos de transferencias no reembolsables, el Ejecutivo se había obligado a crear un nuevo organismo supervisor en el ámbito financiero con el fin de unificar los criterios de tramitación de reclamaciones entre los usuarios y las entidades bancarias.
El primer anteproyecto para articular esta nueva autoridad se elaboró en la legislatura anterior, cuando la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ocupaba la Vicepresidencia Primera y la cartera de Economía. Con esta institución se pretendía concentrar en un único organismo los servicios de reclamaciones que hoy atienden el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El diseño inicial establecía que, para reclamaciones de clientes por debajo de los 20.000 euros, la decisión de la nueva autoridad tendría carácter vinculante, mientras que en los expedientes que superasen esa cuantía las resoluciones no tendrían fuerza obligatoria.
Llegó a aprobarse en el Congreso
Tras largas negociaciones multilaterales en el Congreso, el Gobierno consiguió que el proyecto saliera adelante en el Pleno de la Cámara Baja con el único rechazo de Vox y la abstención del PP y de Junts. No obstante, cuando el texto pasó al Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales y la disolución de las Cortes supuso la caída de todas las iniciativas en curso.
Concluido el ciclo electoral y constituida la decimoquinta legislatura, el Ejecutivo decidió retomar la ley con la intención de culminar su aprobación, pero el nuevo equilibrio de fuerzas parlamentarias complicaba mucho más reunir los apoyos necesarios para sacarla adelante.
El proyecto regresó al Congreso en abril de 2024 y el plazo para registrar enmiendas de totalidad se fue prorrogando de forma sucesiva hasta octubre de ese mismo año. El PP llegó a registrar una enmienda de totalidad argumentando que el Gobierno pretendía "colonizar" el organismo, del mismo modo que, a su juicio, habría ocurrido con el Banco de España y el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador.
La enmienda de totalidad fue finalmente rechazada y la iniciativa continuó su tramitación en la fase de enmiendas al articulado, cuyo plazo se amplió hasta diciembre de 2024. Desde entonces, el texto permanece a la espera de que se convoque la ponencia encargada de iniciar el análisis detallado del proyecto.
PP, Vox y Junts dificultan la tramitación
El escenario actual hace muy difícil que la ley logre una mayoría suficiente, ya que PP y Vox se posicionan en contra desde el inicio y Junts ha anunciado un bloqueo general a las iniciativas del Gobierno. Entre las tres formaciones suman 177 escaños en el Pleno, lo que supone una mayoría absoluta capaz de frenar la norma.
Pese a este contexto, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, expresó en noviembre su confianza en que el Congreso culminara la tramitación y aprobara el proyecto de ley, tras haber mantenido reuniones sobre esta cuestión con los distintos grupos parlamentarios.
Sin embargo, un mes más tarde el propio ministro comunicó que retiraba la creación de este organismo del paquete de reformas comprometidas con Bruselas para acceder a los fondos europeos. Cuerpo explicó que la Comisión Europea había pedido a España flexibilizar las reformas pendientes para poder recibir la totalidad de los recursos que le corresponden antes de que el programa concluya en agosto de 2026.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la UE para informar sobre la ejecución de los fondos europeos, el ministro detalló que ha excluido esta reforma con rango de ley y otras dieciséis del Plan de Recuperación con el objetivo de asegurar el mayor volumen posible de desembolsos.
Además, indicó que la propia Comisión Europea considera estas modificaciones normativas "menores" al no responder "a retos o a recomendaciones" formulados desde Bruselas. "Nosotros seguimos en el ámbito de nuestra gestión legislativa doméstica, pero estas reformas salen de los hitos del Plan de Recuperación", remarcó Cuerpo ante la comisión parlamentaria.