La investigadora del Instituto de Análisis Económico del CSIC, Lidia Farré Olalla, y la asociación ClosinGap han determinado que en la actualidad la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres se sitúa por encima del 30%.
Farré Olalla y la directora general de ClosinGap, Lucila García Méndez, han expuesto estas conclusiones durante sus intervenciones en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, reunida este lunes en el Congreso para abordar específicamente la brecha de género en el sistema de pensiones.
La investigadora del CSIC ha concretado que las prestaciones que perciben las mujeres son en torno a un 34% más bajas que las de los hombres; así, si un hombre cobra 100 euros, la mujer sólo alcanza los 66 euros.
Asimismo, la experta ha subrayado que la desigualdad de género no se limita al importe de la pensión, sino que también se observa en la tasa de cobertura, es decir, el porcentaje del último salario que queda cubierto por la pensión pública al jubilarse. En este ámbito, ha señalado Farré, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 27 puntos porcentuales.
Por otro lado, la directora general de ClosinGap ha señalado que, si de media los hombres perciben una pensión mensual de 1.600 euros, las mujeres reciben 1.100 euros, lo que implica una brecha del 31,9% al cierre de 2024, frente al 35,8% registrado en 2018.
La brecha en ingresos adicionales se estrecha
La organización ha indicado también que existe una diferencia en los ingresos complementarios a la pensión que obtienen las personas ya jubiladas a través de rentas de alquiler, planes privados de pensiones o dividendos. De media, los hombres mayores de 67 años ingresan unos 680 euros más al mes que las mujeres por estos conceptos.
García Méndez ha precisado que la brecha en los ingresos procedentes de alquileres es “más estrecha”, ya que las mujeres son propietarias de viviendas en mayor proporción e incluso, en algunas comunidades autónomas, llegan a percibir más rentas de alquiler que los hombres.
También ha subrayado que las mujeres tienen una esperanza de vida superior y presentan mayores niveles de dependencia en los últimos años. Así, por cada hombre mayor de 80 años que recibe apoyos, lo hacen tres mujeres.
Además, la directora de ClosinGap ha cifrado el impacto económico de esta brecha de género en torno a 28.500 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB), 500.000 empleos y 4.900 millones de euros en recaudación fiscal.
En la misma comisión ha intervenido el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, quien ha defendido que la reducción de esta brecha contribuiría a reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, al tiempo que ha abogado por que las pensiones no contributivas se revaloricen en mayor medida que las contributivas.
La pensión refleja la desigualdad laboral
En cuanto a las causas que originan estas diferencias, la investigadora del CSIC ha señalado la desigualdad en la trayectoria laboral. En particular, ha destacado que los hombres dedican de media diez horas más a la semana que las mujeres al trabajo remunerado.
“Un sistema de carácter contributivo reproduce las desigualdades de género en el mercado de trabajo y en las responsabilidades familiares”, ha argüido la investigadora, quien ha apostillado que si se observan las pensiones de viudedad y la no contributivas, que son de cuantías inferiores, “la mayoría de perceptoras son mujeres”.
Para revertir esta dinámica, la experta ha llamado a adoptar medidas que permitan frenar la caída de la tasa de fecundidad, dado que en España los niveles son “alarmantemente bajos”.
Entre esas políticas, ha defendido una educación infantil de primer ciclo “gratuita, universal y de calidad”, ya que tendría un efecto positivo sobre la participación femenina en el mercado laboral, mejoraría el desarrollo de los menores —especialmente de los más vulnerables— y contribuiría a elevar la fecundidad.
Farré también ha señalado que otras actuaciones que ayudarían a reducir la brecha de género pasan por revisar el diseño de los permisos de paternidad, de forma que, tras las seis primeras semanas de baja obligatoria para ambos progenitores, el resto del permiso se reparta de manera más equilibrada.