El Parlamento Europeo ha instado este martes a España a introducir un umbral electoral estatal de entre el 2% y el 5% de los sufragios para lograr representación en la Eurocámara y a aplicar la reforma electoral comunitaria de 2018, aún pendiente de ratificación por parte de nuestro país, el único de la UE que sigue sin hacerlo.
La resolución, de carácter no vinculante, ha salido adelante con una holgada mayoría: 417 votos favorables, nueve abstenciones y 234 votos en contra. Entre los opositores figuran los socialistas españoles, el grupo de Vox en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa y eurodiputados de Sumar, PNV, Bildu o ERC, entre otros.
En el texto, el Parlamento Europeo reclama a España que ratifique la reforma avalada por el Consejo en 2018, que fija que en los Estados miembro con sistema de listas se establezca “un umbral mínimo para la atribución de escaños en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños”.
Mientras España no complete la ratificación, seguirá bloqueando la plena entrada en vigor de disposiciones obligatorias en otros socios comunitarios, como las relativas al umbral electoral en Alemania.
La resolución aprobada en el pleno subraya además que España ha incorporado solo parcialmente algunas de las cláusulas opcionales de la reforma, y lo ha hecho “de manera limitada”, lo que, a juicio de la Eurocámara, “revela una falta de voluntad política para comprometerse con un proceso democrático que refleje mejor la dimensión europea”.
“Esto ha dejado el marco electoral europeo fragmentado, con importantes divergencias que debilitan la igualdad electoral y minan la confianza de los ciudadanos”, añade el documento respaldado por la mayoría del Parlamento Europeo.
Reforma aceptada por Sánchez pero frenada en España
La modificación de las normas electorales europeas fue aprobada por unanimidad en el Consejo de la UE, con el apoyo de todos los gobiernos, incluido el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.
En el caso español, que dispone de 61 escaños en el Parlamento Europeo, la adaptación exigiría cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), un ajuste que todavía no se ha abordado y que no figura, por ahora, entre las prioridades del Gobierno.
Las elecciones europeas son las únicas en España que se celebran con circunscripción única estatal, un modelo que perjudica a los partidos de implantación territorial, para los que resultaría prácticamente inalcanzable superar un umbral mínimo por sí solos, incluso si se fijara en un 2%.
Consciente de este escenario, el PNV logró en 2023 que el PSOE aceptara, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, el compromiso de “no impulsar ninguna modificación de la LOREG” y de hacerlo “con acuerdo previo” de los nacionalistas vascos “en caso de extraordinaria necesidad”.
Críticas del PP al Gobierno de Sánchez
El ponente de la declaración, el eurodiputado del PP Borja Giménez, ha defendido que la votación supone “un punto de inflexión institucional” y ha destacado que la Eurocámara “ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable”, sino “una elección política consciente del Gobierno de Sánchez”.
A su juicio, el presidente del Gobierno “antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel”, y al pedir a España que adopte por fin la reforma, el Parlamento Europeo da “un paso concreto hacia unas elecciones europeas más justas, más transparentes y ancladas en un marco democrático genuinamente común”.
El PP ha subrayado en un comunicado que la inexistencia de un umbral en España ha hecho posible que “formaciones con apoyos muy reducidos a escala nacional obtengan una representación sobredimensionada” en la Eurocámara, “quebrando el principio de igualdad del voto” y “alterando el equilibrio del sistema representativo”.
Los 'populares' han incidido también en “el aislamiento del PSOE en el ámbito europeo”, dado que “una amplia mayoría de los socialistas europeos ha respaldado el informe”. Asimismo, han arremetido contra la formación de Santiago Abascal, reprochando que “Vox se alinea con los socialistas y con Bildu” al votar contra la reforma “para mantener una anomalía que beneficia al independentismo”.