La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 'popular' María José García-Pelayo, ha reiterado en el Senado su demanda al Ejecutivo central para que autorice a los ayuntamientos a destinar sus remanentes municipales a nuevas inversiones en materia de vivienda.
García-Pelayo ha intervenido ante la Comisión General de Entidades Locales de la Cámara Alta, donde ha detallado que la organización municipalista pretende impulsar una modificación de la ley de financiación autonómica con el fin de que los remanentes puedan emplearse con carácter plurianual, manteniendo en todo momento los principios de estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de las reglas de gasto.
A su juicio, esta flexibilización permitiría a los consistorios contar con un margen adicional para acometer inversiones sostenibles, especialmente ligadas a la promoción de vivienda, al tiempo que contribuiría a dinamizar la economía y a generar empleo asociado al sector de la construcción.
La también alcaldesa de Jerez ha aprovechado su comparecencia para presentar en el Senado una guía de recomendaciones elaborada por la FEMP —organismo sin capacidad normativa— con el objetivo de acelerar desde los ayuntamientos la puesta en marcha de nuevos proyectos de vivienda. El documento se centra en la gestión del suelo disponible, la simplificación de trámites y la revisión de aspectos de la normativa urbanística.
Durante su exposición, la presidenta de la FEMP ha subrayado que el acceso a la vivienda constituye un problema estructural que exige acuerdos entre administraciones y ha recalcado que "no se soluciona con una ideología", sino mediante políticas basadas en el consenso y la cooperación institucional.
En esta línea, ha remarcado que los gobiernos locales deben desempeñar un papel "importante" en la búsqueda de respuestas, al ser la administración "más cercana" a la ciudadanía y la que recibe de forma "directa" las quejas y necesidades relacionadas con la vivienda.
En el debate posterior, varios grupos parlamentarios han coincidido en la "necesidad" de incrementar la oferta de vivienda y de acortar los plazos de los procedimientos urbanísticos para facilitar la construcción de nuevos inmuebles.
Vox ha abogado por la liberalización de suelo y por reducir la carga burocrática como fórmula para aumentar el parque de viviendas, argumentando que las demoras administrativas acaban mermando la oferta y tensionando los precios.
Debate político y propuestas de los grupos
El PNV, por su parte, ha pedido avanzar en cambios normativos que permitan agilizar la gestión urbanística y ha censurado lo que considera un "bloqueo político" a reformas como la de la ley del suelo. A su entender, en demasiadas ocasiones los partidos están "más pendientes del relato que de solucionar los problemas" que afectan a la ciudadanía.
Junts ha centrado su intervención en reclamar un refuerzo del papel de los ayuntamientos y más recursos para afrontar la crisis de vivienda, además de reclamar que se facilite la puesta en uso de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) con destino a alquiler asequible.
En la misma línea, el Grupo Socialista ha defendido las actuaciones del Gobierno en materia de vivienda y ha puesto en valor que la actual ley estatal es la primera aprobada en 45 años, subrayando el aumento de la inversión pública dirigida a garantizar el acceso a una vivienda digna.
Finalmente, el Partido Popular ha coincidido en señalar que la falta de suelo finalista y la complejidad de la tramitación constituyen uno de los mayores frenos para ampliar la oferta, y ha apostado por medidas que aceleren la concesión de licencias y refuercen la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.