La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado ha dado luz verde al dictamen del Proyecto de Ley integral de impulso de la Economía Social, que supera así una nueva fase en su tramitación parlamentaria. El texto ha salido adelante con 17 votos a favor, 11 en contra y una abstención y, al no haberse incorporado enmiendas, pasará directamente al Pleno de la Cámara Alta, previsto dentro de dos semanas.
En diciembre, la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados ya había aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Economía Social, remitiéndolo al Senado para continuar su recorrido legislativo.
La futura norma pretende reforzar el papel de las empresas de economía social, no solo en la creación de empleo, sino también en el incremento del impacto social de sus organizaciones y en la consolidación de su contribución al tejido productivo.
Sin embargo, entidades como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y su asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) sostienen que el texto deja fuera del reconocimiento como entidades de economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que suponen más del 68% del total y generan más de 82.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 69.000 corresponden a personas con discapacidad.
Frente a estas críticas, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) mantiene que la ley “no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”.
Según la Cuenta Satélite de la Economía Social para el periodo 2019-2023, publicada por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de febrero, la cifra de negocios de las entidades de la economía social equivale al 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB).