La reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer las penas por multirreincidencia, una de las condiciones planteadas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, llega este martes al Pleno del Congreso para su votación definitiva y lo hace con un bloque de apoyos mayor entre la oposición que entre los aliados habituales del Gobierno. A priori, todo indica que al menos PSOE, PP y Vox votarán a favor.
Esta proposición de ley ha abierto una brecha entre el PSOE y Sumar, su socio en el Consejo de Ministros, así como con sus compañeros de viaje en la mayoría parlamentaria, es decir, Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y Podemos, que no sólo rechazan el contenido, sino que además sostienen que con esta iniciativa Pedro Sánchez únicamente pretende satisfacer las demandas de los de Carles Puigdemont.
Junts registró la proposición, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024 y el Pleno dio luz verde a su toma en consideración medio año después. El texto quedó aparcado durante meses hasta que, finalmente, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. No obstante, la tramitación volvió a quedar congelada por el desacuerdo de los socios situados a la izquierda del PSOE.
La decisión de Junts de dar por roto el diálogo con el Gobierno llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia dio el visto bueno a la reforma. Ahora será el Pleno del martes el que debata y someta a votación el dictamen, que posteriormente se remitirá al Senado para culminar el procedimiento legislativo.
Todo indica que en este último trámite en el Congreso volverá a hacerse visible la distancia del PSOE con Sumar y con sus aliados de la izquierda en torno a la respuesta penal a la multirreincidencia, tal y como ya se evidenció durante la discusión en comisión.
En la Comisión de Justicia, todos los grupos respaldaron la propuesta de Junts, salvo Sumar, Bildu y Podemos, que se posicionaron en contra, y ERC, que optó por abstenerse. Las previsiones apuntan a que el Pleno del martes reproducirá un resultado muy similar.
Ejes principales de la reforma
En lo esencial, la reforma penal prevé una multa de uno a tres meses cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, pero la pena por hurto podrá elevarse a prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.
Además, se introduce un nuevo agravante para aumentar el castigo: la sustracción de un teléfono móvil u otro dispositivo informático que contenga datos personales. Esta previsión no se aplica en el caso de robos de teléfonos nuevos en establecimientos comerciales.
Otra enmienda, acordada entre PP, PSOE y PNV, extiende el régimen de la multirreincidencia a los delitos de estafa, con ánimo de lucro, “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. Para fijar la pena se valorará el importe de lo defraudado, el perjuicio económico ocasionado a la víctima, la relación entre ésta y el defraudador, los medios utilizados por éste y cualquier otra circunstancia que permita medir la gravedad de la infracción.
Una modificación consensuada con el PSOE y el PNV faculta a los jueces para imponer de forma cautelar al investigado “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.
Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el conocido como 'petaqueo', que proporciona apoyo logístico a las narcolanchas, al sancionarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o de otras disposiciones de carácter general.