El Proyecto de modificación del artículo 43 de la Constitución Española, con el que el Gobierno pretende blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se someterá este jueves 30 de abril a su primera gran prueba en el Congreso de los Diputados, donde se debatirán y votarán las enmiendas de devolución registradas por PP y Vox.
Ambas formaciones han presentado en la Cámara Baja sendas enmiendas a la totalidad para reclamar que se devuelva al Ejecutivo el Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución, al entender que no debe seguir adelante la iniciativa para garantizar de forma expresa el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En su enmienda a la totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP acusa al Gobierno de un “uso instrumental por motivos estrictamente de oportunidad política del procedimiento de reforma y del propio contenido sustancial de la misma”, buscando “un beneficio electoral”, y asegura que es “un fraude constitucional”.
Según el PP, el Gobierno, “lejos de apoyarse en el texto constitucional, admite que podría haberse planteado una reforma del artículo 15 de la Constitución, que reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral” pero que “en este último caso, exigiría recurrir al procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución, que implicaría la disolución inmediata de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales”.
Por ello, el principal partido de la oposición sostiene que se está ante un “claro fraude de ley, inequívocamente definido en el artículo 6.4 del Código Civil, que bajo la apariencia de licitud persigue esquivar la aplicación de la norma establecida para el caso”.
Además, el PP afirma que la iniciativa presenta “numerosas inconsistencias” y alerta de que “ese deseo de evitar que se produzca 'un cambio jurisprudencial' que dé lugar a un 'retroceso en el reconocimiento y garantía' de la interrupción voluntaria del embarazo, encierra una intención muy peligrosa, ya que se cuestiona la independencia de determinadas instituciones, a las que el Gobierno desprecia y viene a decir que debe procurarles instrucciones expresas sobre cómo interpretar y aplicar la Constitución (en clara referencia al Tribunal Constitucional)”.
Por su parte, Vox coincide en que la reforma planteada es “un fraude de ley constitucional” y argumenta que “contraviene” el artículo 15 de la Constitución española que “reconoce el derecho de todos a la vida” y “encubre, bajo la apariencia de derechos a la salud sexual y reproductiva, un atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona”.
Asimismo, el partido liderado por Santiago Abascal acusa al Gobierno de “amenazar los derechos sanitarios de los españoles” y sostiene que “los poderes públicos deberían asistir a aquellos españoles que necesitan ayuda por razones familiares, económicas o de salud, o con la crianza de los niños nacidos en situaciones difíciles”.
“Mientras cientos de miles de españoles siguen pendientes de una cita sanitaria, de una prestación a la dependencia o del apoyo de las Administraciones Públicas para paliar los efectos de la nefasta política económica y el expolio fiscal, este Gobierno busca solo instrumentalizar el dolor personal y familiar para, otra vez, lanzar cortinas de humo a su corrupción, a su indecencia, a su traición”, denuncia Vox en su texto.
El grupo parlamentario también carga contra las “regularizaciones masivas de quienes deberían ser repatriados a su país” que, a su juicio, “abren en canal el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria de los españoles, reconociéndolo a cualquier persona extranjera que no tenga su residencia legal en España”.