La Comisión de Justicia del Senado ha dado este martes luz verde al dictamen de la reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia. En el trámite se han incorporado ajustes planteados por PP y Vox vinculados a la regularización de personas migrantes, así como una enmienda del PSOE destinada a agravar las penas en los cultivos 'indoor' de marihuana.
Con esta votación, la ley de multirreincidencia impulsada por Junts continúa su recorrido parlamentario en la Cámara Alta y será ahora el Pleno del Senado el que se pronuncie sobre las enmiendas que han quedado rechazadas en la Comisión.
Al haberse introducido ya variaciones en el texto durante su paso por el Senado, la iniciativa deberá regresar posteriormente al Congreso de los Diputados, que tendrá que ratificar o tumbar las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta.
En este contexto, los 'populares' han aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una enmienda que pretende impedir que migrantes con antecedentes policiales puedan acogerse a la regularización masiva recientemente aprobada por el Gobierno.
Modificación de la Ley de Extranjería
Una de las enmiendas del PP que ha quedado incorporada al articulado reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, añadiendo un nuevo precepto “con el objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España”.
El PP sostiene que “la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo”.
Por ello, la propuesta fija que cualquier autorización de residencia exigirá que la persona solicitante carezca de antecedentes penales y que no esté inmersa en una pendencia penal suficiente en España o en los países en los que haya residido con anterioridad por delitos tipificados en la legislación española.
Además, los 'populares' plantean que se rechace la solicitud de estancia o residencia cuando el interesado haya sido condenado en sentencia firme como reincidente. Para valorar si existe una posible amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana, la Administración deberá recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El texto añade también que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por cualquiera de las causas previstas no quedarán suspendidos en ningún caso por la presentación de una solicitud de estancia o residencia.
Las aportaciones de Vox
Vox defendía una modificación del régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a ciudadanos extranjeros, pero esta enmienda ha sido finalmente rechazada en la Comisión de Justicia y se volverá a discutir en el Pleno del Senado.
Lo que sí ha quedado incorporado al dictamen es una enmienda de Vox que establece que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno “suscribirá acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y promoverá la aprobación de las normas apropiadas en el ámbito de la Unión Europea, al efecto de que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras lleve consigo el cumplimiento en dichas jurisdicciones de las penas a las que les hayan condenado los tribunales españoles”.
El PSOE endurece el castigo al 'petaqueo' y al fraude eléctrico
Durante la tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts pactaron una enmienda 'in voce' que fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado 'petaqueo', al considerar que presta apoyo logístico a las narcolanchas. Se sanciona así “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o de otras disposiciones de carácter general.
El PP ha sumado otra enmienda relativa a este fenómeno, además de una propuesta para reforzar las plantillas de fiscales. Paralelamente, el PSOE ha introducido una modificación para crear un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con el fin de incrementar las penas en los casos de fraude vinculados a los delitos de cultivos 'indoor' de marihuana, donde el enganche ilegal a la red eléctrica es una práctica habitual.
Por otro lado, Coalición Canaria (CC) había registrado una enmienda aprovechando esta reforma para ampliar las competencias del Cuerpo de Policía Canaria, pero la Mesa del Senado ha decidido finalmente rechazarla.