Las principales asociaciones de personas celíacas han reclamado que se desbloquee la proposición de ley de compensación económica para este colectivo, registrada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y aprobada el 21 de octubre de 2025, pero cuya tramitación permanece paralizada.
La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), l'Associació Celíacs de Catalunya, la Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE) y la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten han dirigido un llamamiento conjunto a los grupos parlamentarios y a la Mesa del Congreso para que permitan avanzar esta iniciativa y abrir un debate parlamentario de fondo que conduzca a un sistema de apoyo estable y equitativo para las personas con enfermedad celíaca en España.
“Nuestro colectivo necesita que se avance en esta proposición de ley para atender las necesidades que requieren los pacientes celíacos tanto en materia sanitaria como económica”, ha manifestado el director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, Roberto Espina.
El texto legislativo prevé la creación de un registro estatal de personas con enfermedad celíaca y la puesta en marcha de una ayuda económica directa, mediante la modificación de la Ley 35/2006 del IRPF, con el fin de compensar el sobrecoste que soportan en su alimentación quienes padecen esta patología.
La proposición fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados con un apoyo del 97 por ciento de la Cámara. No obstante, las organizaciones denuncian que continúa atascada en la fase de presentación de enmiendas, con sucesivas prórrogas del plazo y sin que se hayan explicado motivos técnicos o jurídicos que justifiquen la dilación, lo que retrasa su puesta en marcha y perpetúa la situación de desventaja del colectivo.
La propuesta contempla una ayuda económica directa entendida como una medida de justicia social para compensar el sobrecoste alimentario que asumen las personas celíacas y sus familias, con independencia de su nivel de ingresos. El impacto presupuestario estimado asciende a 60 millones de euros anuales para cubrir a las aproximadamente 100.000 personas diagnosticadas actualmente en España.
En cuanto al posible alcance futuro, se recuerda que alrededor del 1 por ciento de la población podría padecer la enfermedad, lo que equivaldría a unas 480.000 personas en el país. Si se lograra detectar a toda la población afectada, el gasto total podría situarse entre 288 y 300 millones de euros al año.
Las asociaciones de pacientes subrayan que la enfermedad celíaca es una patología autoinmune crónica cuyo único tratamiento consiste en “El seguimiento estricto y de por vida de una dieta sin gluten”. Este abordaje terapéutico implica un sobrecoste sostenido, debido al mayor precio de los productos específicos sin gluten, una circunstancia ampliamente acreditada tanto por estudios de las propias asociaciones como por la Federación.
Otras iniciativas y apoyo europeo
En este contexto, las entidades recuerdan que en 2024 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en apoyo al colectivo celíaco, en la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para corregir el agravio sanitario existente, incluyendo la mejora de los sistemas de diagnóstico y del conocimiento epidemiológico de la enfermedad.
“Si bien esta iniciativa supuso un avance político relevante, su carácter no vinculante ha limitado su impacto práctico y, hasta la fecha, no se ha traducido en medidas estructurales ni en apoyos económicos efectivos para las personas celíacas. Esta falta de avances refuerza la urgencia de que la actual proposición de ley continúe su tramitación parlamentaria sin más dilaciones”, señalan las asociaciones.
Asimismo, destacan que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha analizado una solicitud presentada por l'Associació Celíacs de Catalunya y ha reconocido la existencia de un agravio sanitario hacia las personas con enfermedad celíaca, instando a los Estados miembros a garantizar medidas de apoyo adecuadas.
“Esta valoración refuerza la necesidad de que la proposición de ley española avance sin más demoras, asegurando un marco de protección y equidad para todo el colectivo, y reforzando la urgencia de que la proposición de ley avance en España”, recalcan los pacientes.
Por todo ello, las asociaciones insisten en que el amplio consenso parlamentario debe traducirse en “avances reales y efectivos”, evitando nuevas demoras que prolongan una situación de “desigualdad y vulnerabilidad” económica para estas personas.
Las entidades firmantes reiteran su total disposición a colaborar con las administraciones públicas, aportando su experiencia y conocimiento técnico, para que las medidas que se adopten respondan a las necesidades reales del colectivo celíaco y contribuyan de forma efectiva a mejorar su calidad de vida.