La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tiene previsto pronunciarse este martes sobre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios para ampliar los supuestos de gastos electorales de los partidos, fijar una regulación más detallada de los microcréditos y replantear el 'mailing' de propaganda, sobres y papeletas que se remiten a los domicilios de los votantes en cada convocatoria electoral.
Las formaciones han concentrado sus planteamientos en las propuestas de resolución registradas a los informes del Tribunal de Cuentas sobre las fiscalizaciones de las contabilidades electorales de las generales de 2023 y de las elecciones europeas de 2024. Estos textos se debatirán y votarán en dicha comisión, donde PP y Vox cuentan con mayoría.
En esos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP propone concretar nuevos conceptos dentro de la relación de "gastos electorales" del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Actualmente se consideran gastos electorales, entre otros, los derivados de la impresión de sobres y papeletas, el envío y franqueo de correspondencia, la propaganda y publicidad directa o indirecta para pedir el voto por cualquier medio, el alquiler de locales para actos de campaña, las retribuciones del personal contratado, así como los desplazamientos de candidatos, dirigentes y personal de la candidatura.
También se incluyen los intereses de los créditos solicitados para la campaña, generados hasta la fecha en la que se percibe la subvención correspondiente, y los gastos vinculados a la organización y funcionamiento de oficinas y servicios necesarios para el proceso electoral. En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas insta al Ejecutivo a que se "especifiquen en mayor medida" las categorías de estos gastos, y el PP asume esa recomendación con sus propias iniciativas.
Ampliar el listado de gastos electorales
Los 'populares' plantean que se incorporen como gasto electoral la organización y retransmisión de actos, los desplazamientos ligados a ellos, las comidas y cenas de campaña, el avituallamiento de interventores y apoderados y el alquiler de espacios destinados a su atención y coordinación.
El PSOE, por su parte, apuesta por retocar la LOREG para introducir una "regulación más específica de las categorías" de gasto, aunque sin detallar medidas concretas. Además, anima a los grupos a aprovechar la reforma de la LOREG en tramitación en el Congreso para presentar propuestas que eviten la "falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir".
Vox reclama que el cálculo de los intereses de los créditos que los partidos contratan para financiar las campañas, y su consideración como gasto reembolsable, se efectúe "hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas". Asimismo, exige al Tribunal de Cuentas que homologue sus criterios de fiscalización para todos los procesos electorales y que concluya la revisión de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo máximo de seis meses desde su celebración.
Normas más estrictas para los microcréditos
Entre las propuestas de Sumar sobresalen las relativas a los microcréditos utilizados por los partidos para sufragar sus campañas, en línea con las recomendaciones del órgano fiscalizador. La formación sugiere que la cantidad máxima por prestamista "no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas", actualmente fijado en 50.000 euros anuales.
Además, Sumar propone que los microcréditos se ingresen obligatoriamente en las cuentas bancarias electorales, que el plazo de devolución no vaya más allá de un año natural desde la fecha de los comicios, que la renuncia a su devolución se formalice preferentemente por vía telemática y que dicha renuncia se considere una donación "a todos los efectos".
Sumar, el PP y el PSOE coinciden en pedir una nueva regulación de los microcréditos y una reforma de la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas realizadas en periodo electoral se entiendan siempre destinadas a financiar ese proceso, queden sometidas a las exigencias de la Ley Electoral y se ingresen en las cuentas específicas abiertas para la campaña.
Revisión del mailing y alternativas de reparto
En otro bloque de medidas, PSOE y Sumar comparten con el Tribunal de Cuentas la necesidad de revisar el modelo actual de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral, con el doble objetivo de reducir costes y consumo de papel. Sumar se muestra más alineado con las recomendaciones del órgano presidido por Enriqueta Chicano.
En concreto, Sumar propone analizar la "eficiencia material y económica" del 'mailing', teniendo en cuenta que los sobres y papeletas pueden recogerse directamente en los colegios electorales el día de la votación. También defiende implantar un procedimiento "más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información", que refuerce las garantías en la ejecución y permita ahorrar mediante fórmulas como la compra centralizada de sobres y papeletas.
En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas subraya que los partidos deben demostrar que han puesto a disposición del electorado todo el material electoral, ya sea mediante el envío postal o repartiendo sobres y papeletas directamente a los votantes en sus sedes o en actos de campaña.
El PSOE, sin embargo, se limita a invitar a los grupos a aprovechar la reforma de la LOREG en curso para plantear cambios en el procedimiento de envío de sobres, papeletas y propaganda, pero sigue contemplando el sistema de envíos postales personalizados y no entra a detallar alternativas como las compras centralizadas.
Gestión electrónica y refuerzos en Correos
En este contexto, los socialistas quieren que las Cortes insten al operador postal a implantar un sistema de preregistro telemático de las formaciones que vayan a realizar el envío directo y personal de este material, con el fin de identificar "de forma inequívoca" los envíos que pueden ser objeto de subvención.
También piden que el prestador del servicio postal impulse la tramitación electrónica de todo el procedimiento de depósito de propaganda electoral: desde el pago del anticipo de los envíos y su justificación, hasta la emisión de albaranes y la posterior facturación a los partidos.
El PP, por su parte, reclama al Gobierno que disponga de un stock adicional de sobres y papeletas para "hacer refuerzos" en aquellas zonas o municipios donde el 'mailing' "al no garantizar Correos su distribución" no llegue o lo haga de forma errónea.
Asimismo, los 'populares' piden que las Cortes insten tanto al Ejecutivo como al Tribunal de Cuentas a "abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados", alegando que, en el momento de contratar la impresión de sobres y papeletas, todavía no se conoce el censo definitivo y, por tanto, se desconoce el volumen exacto que se depositará en Correos.